Tras casi 17 meses de pandemia en Colombia ha quedado claro tanto que los impactos de la covid-19 se han sentido con igual severidad para todos ni que el camino para recuperar la salud pública y la economía está despejado y es único.
Al contrario, las cuarentenas estrictas nos dejaron la dura lección de la necesidad de mantener abiertas muchas actividades productivas y los empleos que generan.
Los gobiernos del mundo, incluida Colombia, han empleado la estrategia de paquetes de estímulos y subsidios para mitigar el choque incierto, drástico y brutal que el coronavirus infligió a empresas, empleos y hogares.
De hecho, la mayoría de los países más ricos no han olvidado lo pronto que se retiraron esas ayudas en la pasada crisis económica de 2009 y hasta los mismos que promovieron la austeridad en ese entonces piden hoy que se extienda ese gasto público.
El Gobierno Nacional no es la excepción. El proyecto de reforma tributaria 2.0 busca financiar con dineros de las empresas de todos los tamaños la extensión de los canales de transferencias monetarias surgidos en la crisis.
Para 2022 la iniciativa cuenta con un alto componente de estímulo gubernamental a los hogares vulnerables mientras que en 2021 las ayudas a nómina irían enfocadas a las pequeñas y medianas empresas.
Los impactos de los canales monetarios- tanto los establecidos como los creados en la emergencia- sobre la mitigación de la pobreza en el país no son menores y constituyen un colchón para impedir que más hogares sigan cayendo en esa condición socioeconómica.
El Ejecutivo aspira a que programas como Ingreso Solidario disminuyan en 2,5 puntos porcentuales la población pobre. El Ministerio de Hacienda calcula que la extensión de ayudas llegará a casi el 50 por ciento de los habitantes colombianos.
Estos distintos tipos de ayudas monetarias, incentivos a la generación de empleo joven, subsidios al empleo y pago de nómina y demás, constituyen el corazón de la apuesta social del Gobierno en el último tramo de su cuatrienio.
Apuesta entendible ante el descontento ciudadano y el deterioro de los indicadores sociales en múltiples frentes durante 2020. No obstante, hay un trecho largo entre la mitigación del choque de la pandemia y una efectiva recuperación económica con equidad y no deben confundirse.
Más allá de los subsidios, la reactivación, ayudada por la vacunación y reflejada en el retorno de los niveles productivos y de empleo de la pre-pandemia, es la mejor estrategia de recuperación tanto económica como social.
El crecimiento de la economía ayudaría, según estimaciones del Gobierno, a bajar la pobreza en 5,7 puntos porcentuales para los próximos dos años.
La mitigación que logran las transferencias monetarias debe acompañarse de agendas inclusivas de generación de empleo e ingresos para una reactivación sostenible y equitativa.
En épocas pre-electorales los subsidios seguramente no serán objeto de críticas. No obstante, la campaña presidencial que se avecina debería incorporar en sus debates el futuro diseño de la política social para la próxima administración.
Paquetes de iniciativas que manejen esa transición de los subsidios mitigadores del choque de la pandemia a una economía pos-pandemia con puestos de trabajo y unas ayudas focalizadas y específicas.
Sin desconocer la necesidad de estos ‘colchones’ sociales, las estrategias para crecer más rápido, mejor distribuido y con pocos rezagados- el plan nacional de vacunación es una de ellas-vienen trazando la senda a seguir.
