Uno de los retos más complejos que enfrentará el gobierno entrante de Gustavo Petro -aún antes de tomar posesión el próximo 7 de agosto- es la definición de la próxima reforma tributaria. Y se habla de definición porque desde la campaña el hoy presidente electo prometió a los colombianos una subida en los impuestos. De hecho, en reciente entrevista con Cambio Petro confirmó: “La reforma tributaria debe presentarse este año. Luego, el acuerdo debería darse en dos semanas alrededor de este tema”.
En la semana y media que ha transcurrido desde la victoria electoral, aspectos del alza en los tributos han circulado por distintos medios de comunicación en voz tanto del próximo mandatario como de Ricardo Bonilla, uno de sus principales asesores económicos. El gobierno entrante ha contemplado un ajuste tributario de los $50 a $60 billones. Más aún, en la entrevista arriba mencionada afirma que “podría ser más ambiciosa. Si uno mira el estudio de Jorge Garay, él incluso plantea cifras del orden de $75 billones anuales de recaudo”.
A lo anterior se añaden los compromisos de que la nueva reforma tributaria no afecte a las clases medias, “no se baje el umbral de declarantes de renta y no se va a tocar la canasta familiar con el IVA”, como manifestó Bonilla en entrevista a este diario. Queda entonces la preocupación sobre si una economía, y un universo empresarial, que apenas está recuperándose de la pandemia como hoy en Colombia cuenta con un espacio tributario disponible de estas magnitudes.
No sobra recordar que el pasado ajuste de impuestos, diseñado para costear el gasto público para enfrentar el choque de la pandemia, cayó sobre los hombros del sector privado con un compromiso social indiscutible. Las empresas de todos los tamaños -grandes, medianas, micros y pequeñas- han jalonado la positiva senda de reactivación económica del país y han contribuido a la recuperación de más del 90% de los puestos de trabajo destruidos por la pandemia. Además, reformas tributarias en gobiernos anteriores generaron recaudos que oscilaron entre los $7 y los $15 billones, en el mejor de los casos. Ese cambio permanente en las reglas del juego tributario ha impedido la adopción de reformas estructurales y ha mantenido la sostenibilidad fiscal como uno de los grandes pendientes de la política económica. La diferencia con el alza de impuestos que impulsa hoy Petro -entre 50 y 75 billones- es abismal e invita a la moderación.
Precisamente por esa razón es que una de las señales más concretas que se esperan del empalme económico es la designación formal del próximo Ministro de Hacienda. La persona que ocupe la jefatura de las finanzas públicas debe contar con robustas credenciales técnicas, alta credibilidad en los mercados nacionales e internacionales, experiencia en el manejo del Congreso y de los gremios económicos y, quizás lo más importante, la capacidad de decirles que no al presidente de la República y los demás ministros.
Mientras más pronto sea tomada esa crucial decisión, más pronto podrán conocerse con más precisión los aspectos fundamentales de la reforma tributaria del gobierno Petro como su monto total a recaudar, la carga impositiva a las empresas y a las personas, entre otras propuestas. Al mismo tiempo, la administración entrante podrá marcar los hitos de su futuro camino hacia la sostenibilidad fiscal del país, que incluye el manejo del déficit y su meta del 5,6% del PIB, las alertas del comité de la regla fiscal y el plan para desactivar el hueco del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, entre otras tareas.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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