Tras la caída global de los productos minero-energéticos, Colombia debe encontrar fuentes de crecimiento mediante aumentos sostenidos en la productividad de las empresas y el desarrollo de sectores más sofisticados. Esto implica, imprescindiblemente, que el talento en las organizaciones tenga los incentivos correctos para incrementar su capacidad de producir.
Sin duda, los aportes de la política laboral se encuentran en lograr los estímulos correctos para alcanzar la productividad y garantizar los derechos laborales, incluidas la libertad sindical o de asociación y las relaciones favorables y útiles entre empresas y trabajadores.
Por ello es preciso tener cuidado con la agenda normativa que se viene promoviendo desde el Ministerio del Trabajo, la cual modificaría radicalmente la estructura de la negociación colectiva en el país y su respectivo marco regulatorio, así como el rol de inspección, vigilancia y control de las compañías.
'Colombia debe replantear y modernizar las relaciones entre empresas y empleados, con el fin de tener un modelo de trabajo coordinado'
COMPARTIR EN TWITTERUna forma de organización muy discutida por estos días son los pactos colectivos, los cuales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son acuerdos negociados entre empresas y trabajadores no afiliados a los sindicatos, en pro de mejorar condiciones laborales o poner fin a conflictos; por eso, sus efectos solo cobijan a quienes los suscriban o se adhieran a ellos.
En el caso de los pactos colectivos, el propósito del Ministerio consiste en limitar la expresión ‘organizaciones de trabajadores’ solo a aquellos que adoptan la forma sindical, desconociendo que la Constitución y la ley permiten actuar de forma colectiva, sin asumir personería jurídica sindical. Así mismo, no tiene en cuenta los límites que ya existen para la celebración de pactos colectivos, como la imposibilidad de realizarlos si los sindicatos agrupan a más de la tercera parte de los trabajadores de una empresa, y el hecho de no poder incluir condiciones diferentes a las establecidas para trabajadores sindicalizados.
La cartera del Trabajo también busca reglamentar la negociación colectiva para que en adelante se haga por ramas de actividad económica. Este es un tema que le corresponde al Congreso de la República, y desconoce las implicaciones sobre la estructura empresarial y la gran diversidad dentro de cada sector económico, en un país donde el 90,5 por ciento de las empresas son micro.
Establecer una negociación para toda una rama trae consigo consecuencias negativas en materia de beneficios extralegales que puedan ofrecer las empresas a sus trabajadores, así como en la calidad del empleo. Además, se establece la negociación de contratistas, desconociendo que no se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo.
Adicionalmente, se prepara un proyecto de reglamentación del Convenio de Fomento de la Negociación Colectiva de la OIT, en el cual se cambian los umbrales de representación de las organizaciones sindicales, y, más aún, se modifica el Código Sustantivo del Trabajo. Son estas, disposiciones contrarias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha señalado que todos los sindicatos tienen derecho a negociar con su empleador.
Por último, con la creación de un sistema de inspección, vigilancia y control (Sivico), el Ministerio deja de lado su papel de mediador y garante del buen funcionamiento de las relaciones laborales para convertirse en un órgano de control de la actividad empresarial.
De lo anterior, se puede concluir que las propuestas de la cartera del Trabajo reflejan una visión atrasada del rol sindical, de la negociación colectiva y de los procesos de inspección, vigilancia y control. Un verdadero camino hacia el posconflicto implica que Colombia replantee y modernice las relaciones entre empresas y empleados, en la búsqueda de un modelo de trabajo coordinado en pro del bienestar económico de los colombianos.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto
