El panorama fiscal de nuestro país sigue sin despejarse. Los anuncios de austeridad terminaron por convertirse en una mera recomposición entre rubros, por lo que el monto de gastos de 216,2 billones continúa vigente. El
Gobierno ha insistido en financiar los faltantes 12,5 billones de pesos del presupuesto del 2015 a través de una extensión del gravamen a los movimientos financieros (cuatro por mil) y un incremento en la tarifa nominal del impuesto al patrimonio, que ascendería al 2,25 por ciento para ciertos niveles de riqueza.
Es mucho lo que se ha escrito sobre los efectos distorsivos del cuatro por mil. Aunque existe consenso incluso entre el mismo Gobierno acerca de su incidencia sobre la desintermediación de la economía y el estímulo que genera hacia un mayor uso del efectivo, la decisión de extenderlo se ampara en la urgencia fiscal del 2015, en la facilidad de recaudo del tributo y en los no despreciables 3,1 billones de pesos que ingresan al presupuesto de la Nación por dos puntos de este tributo. El país había descontado la extensión de este impuesto, toda vez que así lo anunció el mismo presidente Santos en semanas anteriores, en distintos espacios gremiales.
El impuesto al patrimonio, por el contrario, ha sido de muy mal recibo por analistas y empresarios. Fedesarrollo estudió el tema en el último número de Tendencia Económica, advirtiendo que la carga tributaria efectiva en relación a la rentabilidad de las empresas sería excesivamente alta, desestimulando la inversión privada. La preocupación es de fondo, ya que con el nuevo panorama tributario es probable que no se alcance la meta de inversión del país, que hoy ronda el 30 por ciento del PIB y que se estima debe ser de más del 35 por ciento para soportar tasas de crecimiento potenciales superiores al 5 por ciento anual en el largo plazo.
A las críticas al impuesto al patrimonio se ha sumado el Concejo Gremial. En una comunicación emitida el día este jueves, la clase empresarial colombiana –en pleno– planteó al Gobierno su preocupación por la adopción de este impuesto, que califican de expropiatorio. Aparte de demostrar que la carga tributaria sería de cerca del 75 por ciento de los ingresos en el caso de una rentabilidad promedio del 5 por ciento, el empresariado señala que este impuesto grava el ahorro y la inversión y no necesariamente las utilidades, fomentando la subterranización y desintermediación de la economía, con efectos perversos sobre el crédito, las tasas de interés y la lucha contra la evasión.
Ante la imperiosa necesidad de financiar el desbalance del 2015, los empresarios proponen una alternativa para suplir el desfinanciamiento del próximo año. Aceptan aplazar el desmonte del cuatro por mil, pero proponen sustituir los ingresos por patrimonio, que pueden ascender a 8 o 9 billones de pesos, por una correspondiente sobretasa al impuesto de renta. Aunque en ambos casos se aumenta la presión tributaria del país, es preciso señalar que la alternativa del impuesto de renta es menos distorsiva para el país, generando menores desestímulos a la inversión.
En el mediano plazo, Colombia requiere una minuciosa definición de sus finanzas públicas, tanto en ingresos como en gastos. Se espera que las necesidades estructurales se evalúen tras la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, de forma que se puedan evidenciar los verdaderos requerimientos de gasto del Gobierno y, en consecuencia, se estructure una reforma tributaria que abarque por lo menos la duración de la administración Santos. Ojalá la discusión sea de fondo, para que en el país termine el preocupante panorama de incertidumbre fiscal que sugiere la sucesión de reformas tributarias.
Ningún aumento en los impuestos es popular o políticamente neutral. Sin embargo, tratando de minimizar el impacto sobre el aparato productivo, es claro que la sobretasa a la renta es preferible al impuesto al patrimonio. El país debe avanzar en ese camino.
Ricardo Ávila Pinto
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