Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Menos gasto y menos evasión

Mayor austeridad y la lucha contra los evasores deben ser la contraparte al esfuerzo tributario de las empresas.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
julio 28 de 2021
2021-07-28 08:55 p. m.
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Además del componente mayoritario de impuestos a las empresas, el proyecto de reforma tributaria 2.0 que transita actualmente en el Congreso de la República cuenta con dos estrategias cruciales: un plan antievasión y un paquete de medidas de austeridad en el gasto público. Mientras el primero aspira a recaudar 2,7 billones de pesos, la segunda apuntaría alrededor de 1,7 billones.

Del monto total de 15,2 billones de pesos que planea recoger la llamada ‘Ley de Inversión Social’, las metas alrededor de la reducción y recortes en los gastos estatales, así como de la lucha contra los evasores de impuestos cubren aproximadamente un 30 por ciento del recaudo total de la iniciativa.

Si bien los ojos del debate se han concentrado en la carga impositiva adicionales que caerá sobre los hombros del sector empresarial, estos dos frentes de acción ameritan no solo debate sino especialmente monitoreo y seguimiento.

Las promesas de apretones del cinturón en las chequeras públicas acompañan las discusiones tributarias con unas aspiraciones muy optimistas. Ni hablar en estos momentos de crisis económica y sanitaria en los que las demandas por mayor e indiscriminado gasto del Estado aumentan y las voces que defienden un abordaje más austero pierden fuerza y convencimiento.

En este segundo envión por la reforma tributaria el Gobierno Nacional se comprometería a implementar medidas de disminución de personal, bajar a la mitad gastos de papelería, racionalizar esquemas de seguridad, menos contratos de prestación de servicios y menos recursos para eventos, arrendamientos y viajes, entre otras.

No obstante, para el año 2022- el único período del actual Gobierno bajo estas nuevas reglas del juego fiscal- los ahorros proyectados solo llegarían a unos 650 mil millones de pesos.

Evidentemente la reducción de esos gastos va aumentando de manera progresiva hasta 2032 y alcanzaría eventualmente la meta del Gobierno. Pero es claro que los márgenes del Estado para avanzar, en plena pandemia y con urgencia de reactivación económica, en una política de austeridad del gasto público son limitados. Nunca ha sido fácil para el Estado colombiano controlar su burocracia y, mucho menos, diseñar estrategias de gasto bien orientado y con eficiencia.

En materia de la lucha contra los evasores de impuestos también hay una inocultable necesidad. Alrededor del 4 por ciento del PIB se está perdiendo por evasión en renta e IVA al año en el país. El proyecto de reforma tributaria trae varias herramientas como un sistema de georreferenciación para la venta de predios a valores reales, así como la transformación de la factura electrónica y la expedición del RUT a evasores.

Las estimaciones oficiales aspiran a un recaudo por antievasión de unos 12 billones de pesos en 2022 y otros 18 billones para 2023. Al igual que con el gasto, estas metas constituyen unos recaudos ambiciosos que exigirán de la DIAN y del resto del aparato estatal esfuerzos administrativos importantes. Sería provechoso que la discusión en el Congreso de la República incluyera las distintas recomendaciones que sobre este frente vienen haciendo observatorios universitarios y centros de estudios como Fedesarrollo.

En conclusión, las cargas impositivas que la reforma tributaria 2.0 plantea para las empresas de todos los tamaños serán más fáciles de recaudar que las metas para 2022 en torno a la reducción en el gasto estatal y la lucha contra la evasión de impuestos. Más austeridad y control a evasores es la mínima contraparte que el sector privado debería esperar del Gobierno ante el esfuerzo adicional que viene el año entrante.

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