Cuando hace unas semanas la plenaria de la Cámara de Representantes se alistaba a votar el proyecto de ley que le daba vida al Plan de Desarrollo, más de un parlamentario se preguntó, en voz alta, de dónde había salido toda esa gente que se encontraba en el recinto de la corporación. Ciertamente, las caras extrañas no pertenecían a congresistas ni a sus asesores, sino a personas que buscaban un artículo aquí, un inciso allá o la modificación de un texto.
Casos similares se han visto en el debate de otras iniciativas importantes, como se vio recientemente en el acto legislativo que trata del equilibrio de poderes y que se encuentra en su recta final. De manera unas veces abierta y otras soterrada, un importante número de profesionales acampa en el Capitolio en defensa de intereses particulares, muchas veces sin destapar sus cartas por completo.
Tal actividad tiene un nombre conocido. En inglés se le llama lobby y en español cabildeo. Consiste en la gestión de actividades en representación de temas lícitos, propios o de un tercero. Aunque no faltará quien diga que esta también podría ser la profesión más antigua del mundo, lo cierto es que en tiempos recientes se ha hecho mucho más visible.
Ante esa realidad, diferentes países han tratado de establecer reglas de juego, a veces estrictas. En Estados Unidos, las primeras normas vienen desde 1946, las cuales han evolucionado hacia esquemas mucho más complejos. Hoy en día, es posible saber cuánto se gasta una empresa o un gobierno extranjero para hacer valer sus puntos de vista.
Además, prácticas que en otras naciones se ven como aceptables pueden acabar con carreras políticas y tener implicaciones penales. En Washington está prohibido hacer regalos o invitaciones a integrantes del Legislativo o el Ejecutivo, mientras que cada estado tiene sus maneras de tratar el asunto.
En otras latitudes, las cosas son menos estrictas, pero la aproximación es la de hacer transparente un oficio que es válido. Al fin de cuentas, un sistema democrático se nutre de las opiniones que reciben quienes hacen las leyes o toman decisiones. En la medida en que las determinaciones se adopten, tras considerar el mayor número posible de puntos de vista, deberían ser mejores.
No obstante, esa labor merece hacerse con las cartas destapadas. Eso es precisamente lo que persigue un proyecto de ley que fue presentado por el senador Carlos Fernando Galán y que logró ser aprobado en la Comisión Primera de la Cámara Alta, con lo cual seguirá en tránsito una vez termine la legislatura.
Esta no es la primera vez que se hace un intento similar. En lo que va del siglo, han existido al menos tres iniciativas del mismo corte, impulsadas en su momento por el actual vicepresidente Germán Vargas Lleras. Algunas avanzaron más que otras, pero todas acabaron naufragando, ante la falta de ambiente en el Congreso.
Ahora de lo que se trata es de regular ciertas actividades y crear un registro único de cabilderos. Para tal fin, el texto comprende definiciones que van desde las actividades cubiertas, hasta los servidores públicos cobijados. La lista es larga y abarca funcionarios de la rama legislativa o del sector central. Incluso llega a alcaldes, gobernadores, diputados o concejales, aparte de quienes se desempeñan para órganos autónomos e independientes.
Sin entrar en complejidades, el objetivo es que exista claridad sobre a quién se representa y a quién se contacta. No hay duda de que ello significaría un avance frente a la realidad actual, pero eso no quiere decir que sacar la propuesta adelante sea fácil. La razón es que más de uno prefiere mantener sus cartas tapadas, por lo cual las fuerzas en contra son grandes, dentro y fuera del Capitolio.
Pero hay que insistir. Un mejor sistema que el actual le ayudaría a la legitimidad de las instituciones y de una labor que no tiene nada de malo, si se hace sobre la mesa.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto
