Tal como mandan la costumbre y las leyes, el viernes pasado el Gobierno radicó en el Capitolio el proyecto de presupuesto del 2013. A lo largo de 273 páginas –sin contar los anexos– se enumeran las iniciativas que se pondrán en marcha el próximo año, con sus asignaciones pertinentes.
Lo primero que salta a la vista es el monto. Este asciende a 185,5 billones de pesos, de los cuales 171,1 billones salen de las arcas de la Nación y 14,4 billones adicionales de recursos propios de las entidades descentralizadas.
Dichas cifras no solo rompen con todas las precedentes, sino que la total significa un incremento del 12,2 por ciento frente a la del 2012, un salto significativo si se tiene en cuenta que la inflación se ubicará en cercanías del 3 por ciento.
Al tiempo que eso ocurre, el balance fiscal del país mejora notoriamente. Mientras el déficit del sector público se acercó al equivalente del 3,1 por ciento del Producto Interno Bruto en el 2010, el próximo año estará en apenas 1 por ciento, un dato históricamente bajo.
Son realmente pocos los países en el mundo que pueden contar una historia similar. Basta mirar el angustioso ejemplo de España, que a pesar de cuantiosos tijeretazos sigue con un faltante financiero enorme. En general, la norma vigente es la de la austeridad, con algunas excepciones como las de Argentina o Venezuela, en donde la irresponsabilidad sigue siendo la norma.
Pero ese no es el caso de Colombia. El motivo principal es que los ingresos tributarios se han comportado muy bien. Frente a los 65 billones de pesos recaudados por la Dian en el 2010, los 100 billones proyectados para el próximo año representan una mejora del 53 por ciento, gracias a lo cual se ha podido ampliar el abanico de iniciativas estatales. Ante lo sucedido, un 55 por ciento de los gastos previstos tiene como fuente ingresos corrientes, siete puntos más que al comenzar la década.
El rubro que más se ha beneficiado de lo sucedido es el de inversión, que en el año que viene ascendería a 40,7 billones de pesos, lo cual equivale al 5,7 por ciento del PIB, un nuevo máximo histórico. Otras áreas también recibirán asignaciones importantes, como los gastos de personal que subirían 8,4 por ciento, debido principalmente a la expansión del pie de fuerza.
Las pensiones, por su parte, aumentarían en 8 por ciento (hasta 24,3 billones), mientras que las transferencias lo harían en 10,5 por ciento hasta 67,5 billones. Hay un salto importante en amortizaciones de la deuda, pero este no se ve problemático para un fisco que observa cómo el monto total de sus obligaciones disminuye.
Por sectores, la mayor parte de la tajada le correspondería a educación, con un 18 por ciento, mientras que el ramo de defensa y seguridad se llevaría el 16 por ciento. Importante es el área de inclusión social con un 6 por ciento y la de transporte con 5 por ciento. Son pocos los saltos notorios, con excepción de vivienda, ante la puesta en marcha del programa de 100.000 casas para los más pobres.
Al analizar la propuesta, no faltarán en este caso los llamados a la prudencia, dada la compleja coyuntura internacional, pero la verdad es que difícilmente se puede calificar el presupuesto de imprudente, así sea, sin lugar a dudas, expansivo. Además, si los programas se ejecutan en la forma correcta, eso le debería ayudar a la economía colombiana a crecer más rápido, un apoyo muy importante en tiempos de desaceleración.
Dicho lo anterior, vale la pena tener en cuenta que los ingresos fiscales tienen una alta dependencia del comportamiento de las exportaciones de materias primas. Cualquier cambio abrupto, sea en precios o cantidades vendidas, obligará a hacer recortes. Este y otros planteamientos, claro está, deberían ser examinados por los congresistas con ojo crítico. La apuesta para el próximo año es importante. Ahora hay que someterla a un cuidadoso escrutinio.
Ricardo Ávila Pinto / ricavi@portafolio.co