Uno de los datos más controversiales en estos primeros días de discusión pública de la reforma tributaria salió en la primera página de la edición del pasado lunes de este periódico.
De acuerdo con cuentas del Ministerio de Hacienda, incluidas en la exposición de motivos del proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, el 49,7 por ciento de la población colombiana tendría un mayor poder adquisitivo con la aprobación de la iniciativa fiscal. Esta cifra equivale a unas 24 millones de personas.
El Gobierno Nacional dividió el total de la población colombiana en diez partes iguales de acuerdo a su nivel de ingresos y calculó los efectos que generarían las distintas medidas, tanto impositivas como sociales.
Ante el componente social de Ingreso Solidario, compensación de IVA y otros por unos 7,2 billones de pesos, los colombianos con menos ingresos obviamente podrían comprar más.
Mientras más ganen, los efectos son menores hasta los deciles más ricos que experimentan un impacto negativo. Este esquema cumpliría con la intención de progresividad que debe regir un esfuerzo fiscal de la magnitud que el Ejecutivo le está presentando al Legislativo.
Las críticas y el rechazo a estos datos, compilados en una tabla, no se hicieron esperar. La mayoría de los ataques se resisten a reconocer que ese es precisamente el efecto de incluir medidas como el Ingreso Solidario en el proyecto de reforma tributaria.
Otros señalamientos cuestionan los insumos y los supuestos técnicos detrás de esos cálculos. Tanto el espacio de la opinión como el debate parlamentario serán escenarios propicios para que los críticos intenten el desmonte de esta tabla y sus cifras.
Pero, más allá de la discusión política, esa distribución de ingresos de los colombianos refleja una triste realidad que muchos hogares privilegiados en las grandes capitales se resisten a aceptar. Que Colombia es un país pobre, desigual, inequitativo, donde la mayoría devenga ingresos mínimos.
Que el 10 por ciento más rico del país gane más de 2,9 millones de pesos es un brutal recordatorio de los altos niveles históricos de pobreza, desigualdad y exclusión social. Si bien los índices de pobreza venían cayendo desde 2002, en años recientes esa tendencia se había revertido.
Ahora que el Congreso y el país discuten el contenido de una reforma tributaria, cabe recordar que Colombia llegó a la crisis del coronavirus con la pobreza en aumento. El choque social del covid-19 disparará la pobreza, según estimaciones de Planeación Nacional, del 35,7 por ciento al 42 por ciento de la población, aproximadamente tres millones de nuevos pobres. El dato de pobreza, que próximamente publicará el Dane, ratificará la magnitud del deterioro.
La inclusión de este “paquete social” en el proyecto de ley apunta a mantener el positivo efecto mitigador de las transferencias en el impacto de la pandemia en los más vulnerables. No obstante, convertir esa promesa de reducción de 2,8 puntos porcentuales en realidad va mucho más allá que los cálculos en esa tabla.
El desafío de las instituciones de lucha antipobreza pasa por mejorar la eficiencia de esos canales redistributivos, robustecer la protección social y la focalización de este gasto. Además, el Gobierno no debe perder el impulso de su plan de reactivación económica, que ha perdido preponderancia en la narrativa presidencial.
La mejor política social de la pandemia será recuperar el crecimiento económico con equidad y empleos.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda