A raíz de un proyecto de borrador de la Superintendencia de Transporte resucitó el asunto aún no resuelto de las aplicaciones de movilidad que hoy operan en las grandes ciudades del país. El documento que despertó la polémica incluía bloqueos a las plataformas, inmovilizaciones largas a los vehículos de los conductores y multas por más de $10 millones a los usuarios.
Por fortuna el Ministerio de Transporte ya anunció públicamente la suspensión de esta iniciativa y encabezó la instalación de una mesa de trabajo con representantes de estas ‘apps’, usuarios, el gremio Alianza In, conductores y otros actores, orientada a avanzar en la construcción de un proyecto de ley que normalice la situación de los aplicativos en el país. De igual manera Sandra Urrutia, ministra de las TIC manifestó que “Colombia se merece un marco jurídico que acompañe la realidad que ofrece la tecnología”. También la cartera de Trabajo estaría incluida en unas mesas regionales de discusión.
Si las críticas desatadas por este borrador terminan por marcar el inicio de un camino que concluya en una política pública sobre el uso de las plataformas digitales en la movilidad urbana, el Gobierno habrá convertido una crisis en una oportunidad. Los años pasan y la normatividad nacional continúa sin incorporar las aplicaciones de la economía colaborativa en sus marcos y regulaciones. Sería un avance de la administración Petro que gobiernos pasados no tuvieron la voluntad política de finiquitar.
No se trata de una tarea sencilla ante la postura agresiva de los representantes de los taxistas tradicionales organizados. El chantaje y la amenaza de bloqueos en las grandes capitales del país constituyen una posición de los ‘amarillos’ que ni el Gobierno ni las administraciones locales pueden aceptar. Las ‘apps’ de movilidad como Uber, Didi, Cabify e Indriver son hoy una realidad inocultable en las calles que no se puede borrar de un plumazo o barrer debajo del tapete.
De acuerdo a varias investigaciones las plataformas digitales de transporte concentran 100 mil conductores y atienden a unos ocho millones de usuarios. Según Fedesarrollo, en el escenario más conservador, estas aplicaciones, no solo las de movilidad sino también las de domicilios y mensajería, participan con un 0,23 por ciento del PIB. Además, sirvieron de ‘colchón’ en medio de la pandemia ante la falta de alternativas laborales en la crisis económica y generaron externalidades a los negocios aliados como el estímulo en el uso de innovaciones tecnológicas.
La invitación del Ministerio de Trasporte a una ruta de concertación -y no de prohibición y multas- no debe caer en el vacío e incluir a los taxistas tradicionales. Si bien la realidad que trajo la economía colaborativa es tangible, el papel del Gobierno es garantizar que los conductores de los taxis puedan competir y obtengan mejoras en sus costos de operación, cupos, seguros y otras cargas. Al mismo tiempo, las ‘apps’ tendrían que asumir seguros, pagos de impuestos y una definición de las relaciones laborales con sus conductores. Regular la movilidad individual implica construir un marco normativo donde apps y taxis convivan y compitan con reglas claras, sin desequilibrios y a punta de un servicio de calidad.
De hecho, un esfuerzo de concertación como el que se acaba de anunciar no debería limitarse a las plataformas digitales de movilidad e incluir las de otros sectores como la mensajería y los domicilios. Estos aplicativos de economía colaborativa necesitan esa regulación que asimismo tiene que beneficiar a quienes se ganan el sustento a través de ellas.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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