Ricardo Ávila

A pagar las facturas

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
junio 17 de 2014
2014-06-17 04:15 a.m.
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Aquel famoso dicho según el cual “no hay almuerzo gratis”, bien podría aplicársele a la campaña electoral que viene de terminar con la reelección de Juan Manuel Santos, pues el triunfo presidencial implica compromisos de gasto. En la medida en que se apagan las celebraciones comienza una labor mucho más árida, consistente en cuantificar las promesas hechas en discursos y documentos programáticos.

En algunos casos, éstas tienen que ver con temas de administración pública, representatividad regional o cambios en la estructura del Gobierno, como la posible creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Pero en otros, hay pactos que involucran al presupuesto nacional y que se miden en billones de pesos.

Así lo demuestra una mirada a lo dicho por el mandatario actual, cuando tenía puesto el sombrero de candidato. Tan solo en lo que hace a educación, vivienda, sector agropecuario, infraestructura, programas sociales y políticas de personal de las Fuerzas Militares, hay enormes sumas en juego.

Para confirmarlo, basta con tomar las principales ofertas hechas por Santos. Construir 300.000 casas gratis para los más pobres vale 12,6 billones de pesos, si se toma como base el costo de lo ya existente. Por su parte, duplicar el programa en beneficio de los adultos mayores asciende a 1,5 billones de pesos anuales. En lo que hace a darle una prima a los soldados el cálculo es de, al menos, 300.000 millones de pesos al año.

A lo anterior hay que sumar el objetivo de mantener las sumas para el campo en sus niveles actuales (más de cinco billones) o mejorar la red terciaria de carreteras, un propósito que agrega medio billón. No menos oneroso es duplicar la cobertura del programa de cero a siempre (1,5 billones), aumentar las becas para la universidad (un billón) o implementar en forma gradual la jornada única de enseñanza en escuelas y colegios, cuya cuenta depende de la velocidad escogida.

Sin lugar a dudas, cada iniciativa tiene su mérito. Todas tienen que ver con asuntos relacionados con competitividad, productividad o justicia social. Para utilizar un lugar común, el país mejoraría su realidad si lo anunciado se concreta.

El problema es que es indispensable pasar las promesas por el tamiz de los recursos disponibles, pues la situación fiscal no es sencilla. Más allá de que se haya reducido notoriamente el saldo en rojo del pasado, hacia adelante las presiones abundan.

De un lado, el impuesto al patrimonio expira a finales de este año, mientras que el gravamen a los movimientos financieros pasaría del cuatro al dos por mil el próximo primero de enero, con lo cual se dejarían de recoger más de ocho billones de pesos. No menos inquietantes son las posibilidades de que el fin de la bonanza energética impacte lo que las firmas mineras y petroleras pagan por impuesto de renta y que los dividendos que gira Ecopetrol bajen en forma sustancial.

Tales circunstancias hacen que sea necesario presentar una reforma tributaria en la legislatura que viene. Y aunque el Gobierno cuenta con las mayorías en el Congreso, la discusión no será fácil si el propósito es aumentar las cargas de manera notoria.

En consecuencia, no queda más remedio que aterrizar los compromisos a lo que la responsabilidad fiscal indique que es factible o condicionarlos a recaudos mucho mayores. Semejante ducha de agua fría es dura pero necesaria, sin desconocer que seguramente será posible sacar de aquí y de allá para empezar a mostrar que las palabras pronunciadas no fueron en vano.

En conclusión, el Ministerio de Hacienda tiene que mantenerse firme, pues uno de los activos más valiosos con que cuenta la economía -como es el del manejo adecuado de las finanzas públicas- tiene que preservarse.

Bien reza el refrán que “soñar no cuesta nada”. Lo que vale es tratar de convertir esos sueños en partidas presupuestales.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto

 

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