Los números de Caprecom, la entidad que regula el régimen subsidiado de salud, no pueden ser más catastróficos: patrimonio negativo de 991.500 millones de pesos, margen de solvencia en rojo superior al billón de pesos, cuentas por pagar mayores a 720.000 millones de pesos y resultados operativos anuales con pérdidas cercanas a los 200.000 millones de pesos. Cifras que, valga decirlo, no requieren de gran análisis para concluir que la entidad tiene causales legales de sobra para ser disuelta.
Ante esta evidencia. el Gobierno se ha acercado a la determinación de liquidar la institución, pero todavía no se atreve a dar el paso. Consideraciones políticas y la cuenta que debería asumir el Ministerio de Hacienda han prolongado el que, en cualquier caso, es un desenlace inevitable.
Por tal motivo, el Ejecutivo debería agarrar el toro por los cuernos y poner en marcha una estrategia que proteja a los 3,5 millones de afiliados que tiene la Caja –los más pobres del país– de los riesgos naturales que se desprenden del caos que tiene. De hecho, las acciones tibias que ha merecido desde hace rato sugieren que Caprecom se ha convertido en una verdadera papa hirviendo.
Es inexplicable que una empresa, en la que su director es agente del Presidente de la República y cuya junta directiva la integran los ministerios de Salud, Hacienda y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sea fuente permanente de adjetivos como desgreño, corrupción e ineficiencia frente a sus beneficiarios y proveedores, sin que pase nada. Basta ver su menguada red de servicios para darse cuenta que eso es producto de la desconfianza creciente que existe entre los hospitales para contratar con ella, simplemente porque no les paga.
Esta falta de red, para citar un solo ejemplo del impacto deletéreo que sobre todo el sistema de salud genera el caso de Caprecom, obliga a que los usuarios de la EPS, cuando necesitan atención, tengan que recurrir a los servicios de urgencias de hospitales cercanos, y que en razón al contrato social que imponen la Constitución y la Ley reciban atención bajo una reglamentación especial y específicamente establecida, que permite el cobro por estos servicios, lo que al final termina por multiplicar una cartera que hoy tiene al borde de la quiebra a muchos.
Lo curioso es que el 27 de agosto, la Supersalud le impuso una medida de vigilancia especial por siete meses (sobre otra que ya tenía) y le exigió presentar un plan de acción en máximo 15 días que le “permita superar los problemas por los que atraviesa”. Ese mismo día, dicho ente emitió la Circular Externa 016 del 2015 para el control de prácticas indebidas relacionadas con el flujo de recursos, con lo cual se intuía que las cosas empezarían a mejorar.
Pero, no fue así. La primera semana de septiembre, algunos hospitales recibieron de una firma contratista, que maneja la auditoría de Caprecom, la notificación de glosas, que para una entidad de cuarto nivel de complejidad de Bogotá, que no tiene contrato con ella, alcanzaron el 97 por ciento del valor cobrado, por concepto de atenciones de urgencia a los usuarios de la EPS. En otras palabras, esa deuda no se pagaría, con un argumento: “Causal Injustificada. IPS Sin contrato hechos cumplidos”.
¿Será que no reconocer las deudas y realizar acciones irregulares que van en contra de las normas del Sistema General de Seguridad Social y de las medidas emitidas por la Superintendencia para el control de las barreras injustificadas contra el flujo de recursos, forman parte del ‘plan de acción’ citado?
Porque, si esto y otros desmanes ocurren bajo la medida de ‘vigilancia especial’ de la Supersalud, no hay más que hablar. Por todo esto, más la evidencia de ser una de las entidades más corruptas al servicio de politiqueros regionales y de intereses oscuros, solo queda la salida de liquidar. Y aprender la costosa lección para hacer las cosas bien.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
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