Ricardo Ávila
Editorial

Perdiendo el curso

La propuesta del Gobierno respecto a la educación superior, merece una discusión más constructiva y desapasionada.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
octubre 22 de 2018
2018-10-22 08:17 p.m.
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En otras circunstancias, el anuncio que hizo la administración Duque el sábado, respecto a la educación superior, habría merecido un debate más frío y constructivo. Sin embargo, en medio del pesado ambiente que rodea al sector, pasaron pocas horas antes de que la propuesta gubernamental acabara siendo desechada por los representantes de las universidades públicas. Debido a ello, todo apunta a que las movilizaciones de estudiantes seguirán, entremezcladas con otras protestas como la convocatoria de paro hecha para este martes por Fecode. 

Semejante perspectiva es lamentable, sobre todo a la luz de ciertos componentes que bien valen una buena mirada. El impulso a la gratuidad por mérito para aquellos alumnos que no solo se beneficiarán del pago de la matrícula, sino de un auxilio de sostenimiento que durará el tiempo que dure una carrera determinada, permitiría beneficiar a 320.000 jóvenes a lo largo del cuatrienio.

No menos interesante es la inyección de 223.000 millones de pesos anuales para proyectos de inversión y gastos de funcionamiento que subirían por encima de la inflación. Aquí habría un estímulo para trabajar en la acreditación de alta calidad de las instituciones que están rezagadas.

La mayoría de los titulares se han dirigido a describir cómo se modificaría el programa Ser Pilo Paga (SPP), que fue una de las iniciativas bandera del gobierno pasado. Aparte de conseguir que dentro del presupuesto nacional, aprobado la semana pasada, se incluyeran los 789.000 millones de pesos que costarán el próximo año los 40.000 becados que ya se encuentran enrolados, ahora se propone un esquema de alcance más modesto, debido a la estrechez de recursos.

De tal manera, la meta es alcanzar 16.000 estudiantes hasta el 2022, con la idea de que estos se repartan entre universidades públicas y privadas. En lo que atañe a estas últimas, se introduce el concepto de corresponsabilidad, para que no solo la entidad haga un descuento del 25 por ciento en el valor de la matrícula, sino para que el estudiante se comprometa con otra proporción similar que sería cancelada cuando comience a trabajar.

Los planteamientos señalados ameritan una discusión de fondo, pues puede haber visiones diferentes sobre su efectividad. Lamentablemente, continúa imperando un impasse que nace de la exigencia de las instituciones públicas de que en los recursos del próximo año se concrete un alza cercana al 100 por ciento en la base presupuestal, para atender la crisis originada en los gastos de funcionamiento. Lo anterior es distinto a la exigencia de cubrir el déficit de infraestructura calculado en 15 billones de pesos, de acuerdo con algunos rectores.

Dada la estrechez de las finanzas estatales, es imposible acomodar semejantes exigencias, al menos en el corto plazo. De las pocas cartas que el Ejecutivo conserva en la manga, está la de convencer a gobernadores y alcaldes que un billón de pesos de los fondos provenientes de regalías se dediquen al mejoramiento de la planta física.

Por lo tanto, vale la pena preguntarse si llegar al humo blanco pronto, es factible. Ante las posiciones expresadas, un arreglo no se ve cercano, con lo cual la parálisis actual se puede prolongar durante meses. Los mayores sacrificados acabarán siendo los estudiantes que verán cómo el sueño de completar una carrera se extenderá, a menos que se genere un clima de entendimiento más temprano que tarde.

Ojalá sea así, porque desafíos como el aumento de la cobertura, la mejora en la calidad y el fortalecimiento de las universidades públicas pasan por crear espacios de consenso. Incluso los ajustes al SPP, que merece otra vuelta de tuerca, solo podrán darse en ambientes en los que primen el espíritu de cooperación. En caso contrario, seguiremos perdiendo el curso.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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