Desde hace semanas, era notoria en el Gobierno la preocupación en torno a un elemento clave en el comportamiento de cualquier economía: las expectativas. La avalancha de malas noticias había comenzado a calar en el ánimo de consumidores y empresarios, tal como lo demostraban las encuestas realizadas por Fedesarrollo. En consecuencia, la disposición para comprar bienes o invertir en proyectos de diversa índole venía en franco descenso.
Esa impresión de que el panorama del país se encuentra más oscuro, tiene asidero en la realidad. La fuerte caída en los precios de los hidrocarburos golpea directamente al primer renglón de las exportaciones y la fuente más importante de los ingresos fiscales. Al mismo tiempo, el alza en el precio del dólar ha encarecido los bienes importados o unas eventuales vacaciones en el exterior, dando origen a una sensación de ‘empobrecimiento’.
Además, con el paso de los meses, los analistas empezaron a recortar sus pronósticos sobre el crecimiento. El alza de 4,5 por ciento en el Producto Interno Bruto durante el 2015, que era la meta oficial, comenzó a verse como inalcanzable y hoy las apuestas se encuentran más cerca del 3 por ciento.
No obstante, las cifras relativas al empleo sugieren que la desaceleración todavía no ha golpeado el mercado laboral. Si bien es cierto que el ligero salto experimentado por la inflación afectó el ingreso real de los hogares colombianos en meses recientes, el fenómeno sería de carácter temporal, por lo cual la demanda interna debería mantenerse saludable.
En consecuencia, es necesaria una señal que indique que las cosas van a mejorar. Ese es el propósito de la versión 2.0 del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe), que fue presentado ayer en la tarde por el presidente Juan Manuel Santos. De lo que se trata es de convencer al sector privado y a la gente en general sobre la capacidad de reacción del sector público ante el oleaje en contra.
A decir verdad, la nueva estrategia no incluye más gastos estatales, sencillamente porque el margen de maniobra desde el punto de vista fiscal no existe. En consecuencia, lo que se quiso hacer fue anticipar la puesta en marcha de varios programas que habían sido anunciados y otros que se presentan en sociedad, a sabiendas de que su ejecución se extenderá a lo largo de todo el cuatrienio y dependerá de las disponibilidades presupuestales de cada año.
Tal aclaración forma parte de la letra menuda que resulta opacada por el anuncio oficial, según el cual la segunda versión del Pipe comprende inversiones por 16,8 billones de pesos, que generarán 322.920 empleos adicionales. Los capítulos más significativos del programa son la construcción de aulas escolares, las carreteras a cargo del Invías, la vivienda urbana y rural y el giro de las regalías a cargo de los entes territoriales.
Quizás lo más novedoso es el propósito de permitir que estos últimos dispongan de 5,5 billones de pesos, correspondientes a saldos de vigencias anteriores y de ‘descremar’ el fondo de pensiones del sector. El reto, sin embargo, es superar los problemas de ejecución del pasado, cuando la ley de garantías electorales está a punto de entrar en vigencia.
Por otro lado, son encomiables las medidas sectoriales que, si se aplican, pueden hacer la verdadera diferencia. Estas van desde alivios arancelarios para la industria, hasta una mayor determinación en la lucha contra el contrabando, pasando por estímulos para la minería y la exploración petrolera, entre otros puntos.
Aun así, lo más importante es que la actitud de consumidores y empresarios varíe. Para utilizar la conocida figura, el objetivo es que el vaso ya no se empiece a ver medio vacío, sino medio lleno. Y si ese cambio de percepción se da, junto con una mayor efectividad del Gobierno a la hora de ejecutar lo que ha prometido, la reencarnación del Pipe habrá valido la pena.
Ricardo Ávila Pinto
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