Son muchas las asignaturas pendientes que tiene Colombia si aspira a tener una sociedad más justa y próspera. Palabras más, palabras menos, así se podrían resumir las opiniones de los expertos internacionales que, de tiempo en tiempo, miran al país y encuentran una larga lista de tareas sin realizar, por lo menos en el campo económico.
En los análisis que se han hecho surgen temas como la falta de un buen sistema tributario, la presencia de una infraestructura todavía atrasada o la baja productividad laboral. Otros mencionan la incapacidad de convertir en realidad las promesas de la agricultura y la escasa atención que recibe la innovación, cuyo desarrollo es clave para contar con una base productiva diversificada.
También aparecen de manera recurrente las falencias del esquema pensional vigente, cuyos problemas de fondo se han diagnosticado desde hace rato y que siguen sin encontrar solución. Así lo volvió a dejar en claro un interesante foro celebrado la semana pasada, cuya conclusión fue que como vamos en esta materia, no vamos bien.
El punto central es que solamente una fracción de los colombianos en edad de jubilarse –cerca de una cuarta parte– pueden aspirar a una mesada. Peor aún, diversos ejercicios técnicos muestran que esa proporción minoritaria tenderá a disminuir más en los años que vienen.
Semejante perspectiva, que ya es mala, pinta todavía peor, debido al envejecimiento paulatino de nuestra población. Para decirlo con claridad, si las cosas siguen como están, más de diez millones de integrantes de la tercera edad no tendrían una fuente de ingreso segura a mediados del siglo, lo cual seguramente incidirá en altas tasas de pobreza. En la actualidad, la incidencia de este flagelo entre los adultos mayores supera en más de 11 puntos porcentuales el promedio nacional.
A lo anterior hay que agregar que lo que tenemos funciona mal. Existen grandes desequilibrios entre los beneficios que otorgan el régimen de prima media, administrado por Colpensiones, especialmente, y el de ahorro individual, a cargo de las administradoras privadas.
Y claro, están los lastres de atrás que valen mucho dinero. Este año, más de 38 billones de pesos del presupuesto nacional –23 por ciento del total cuando se excluye el servicio de la deuda– se destinarán a cubrir el faltante en las cuentas pensionales.
Los beneficiarios, además, serán las personas más acomodadas. Puesto de otra manera, el 80 por ciento de los subsidios se queda en el 20 por ciento más rico de la población. En contra de lo que pasa en otras latitudes, en Colombia el pago de las jubilaciones profundiza la desigualdad de ingreso, en lugar de corregirla.
Elementos como los mencionados justifican una cirugía de fondo. Las razones son de orden demográfico, así como de cobertura, de sostenibilidad fiscal y de equidad. Seguir como vamos no es una opción recomendable, por lo cual hay que ponerle el cascabel al gato.
Hacerlo no es fácil. La administración Santos viene jugando con la idea de impulsar reformas desde hace años, pero no las ha concretado. El actual Ministro de Trabajo sostuvo que llevará una propuesta formal al Congreso en marzo, aunque sus detalles se desconocen.
Concordar con lo que aconsejan los técnicos es algo complejo y más aún a la luz del costo político en que se puede incurrir. En general, la ciudadanía cree que la situación no es tan grave, y piensa que al oponerse a un cambio protege los intereses de la mayoría, cuando evidentemente no es así.
Por tal motivo, es indispensable saber combinar liderazgo y valor político si se quiere enmendar la plana e incluir en las propuestas que se hagan mecanismos orientados a reducir la informalidad laboral. Como reza la conocida frase, el reto es pensar en la próxima generación, no en la próxima elección. Pero eso es más fácil de decir que de hacer.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
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