Por la línea de la prudencia

En medio de una realidad nacional, en la cual el clima de incertidumbre no cesa por cuenta de las dudas sobre el futuro de la paz y la ausencia del texto de un proyecto de reforma tributaria, es difícil prestarle atención a otros asuntos. Sin embargo, más de un observador ha levantado las cejas a causa de un par de asuntos relacionados con el manejo pensional en Colombia. Aunque vistos desde la distancia, los puntos podrían considerarse menores, la verdad es que no lo son.

Para comenzar, el tema de la sostenibilidad del régimen de prima media sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes del país. Basta darle una mirada al presupuesto nacional para darse cuenta de que el esfuerzo que se hace para cubrir el faltante de recursos, equivale a los gastos en educación o seguridad.

El panorama no necesariamente va a mejorar. La edad promedio de la población aumenta y aunque solo una proporción minoritaria tiene derecho a una mesada, cerrar el agujero será un dolor de cabeza permanente para las futuras administraciones.
Corregir los desequilibrios pasa por tocar las edades de jubilación e igualar a hombres y mujeres, algo que requiere mucho coraje político.

A decir verdad, resolver el acertijo pensional es una de las grandes incógnitas en las más diversas latitudes. Incluso en aquellos lugares en donde se ha hecho una tarea juiciosa, la caída en los rendimientos de las reservas existentes y el alza en la longevidad son responsables de enormes déficits, que exigirán grandes cuotas de sacrificio, sobre todo para las generaciones venideras.

En medio de semejante entorno, llama la atención una decisión del Ministerio de Hacienda, que permite liberar cerca de 1,7 billones de pesos que estaban en el Fondo de Pensiones Territoriales, creado para fondear las respectivas obligaciones de los entes regionales, y que ahora se irán para las regalías. En su momento, Anif lamentó que esos sobrantes –si los hay– no se destinaran a subsanar, en parte, el déficit de la salud, demás de plantear cautela, para evitar sorpresas desagradables en el futuro.

Y a ese llamado de atención se suma un artículo que fue incluido en el proyecto de ley de presupuesto para el 2017, que está pendiente de ser aprobado por el Congreso. El texto afirma que “Colpensiones podrá recurrir a los recursos de liquidez que tenga disponibles, cualquiera que sea su origen, con el propósito de atender el pago de las obligaciones previstas en los Artículos 137 y 138 de la Ley 100 de 1993”.

Para quien no sea un especialista, la autorización suena como cualquier otra. No obstante, unos pocos conocedores señalan que esos dineros no forman parte de una supuesta unidad de caja, pues técnicamente pertenecen a miles de aportantes que, eventualmente, podrían reclamarlos. Más allá de que se diga que, si es del caso, los fondos serán reintegrados por el fisco, la experiencia sugiere que se puede dar origen a una cuenta por cobrar que ascendería a casi tres billones de pesos. De hecho, hay una acreencia cercana al billón de pesos que corresponde a compromisos anteriores.

Para completar la historia, no falta aquel que señala que en el mismo proyecto de presupuesto se condonan deudas que se usaron para atender necesidades del régimen subsidiado en salud. Si esa práctica se extiende podría darse una especie de transferencia por debajo de la mesa, que sirve para enfrentar urgencias de liquidez, con el riesgo de que el remedio sea peor que la enfermedad.

Debido a esa situación, no está de más llamar la atención de las autoridades para que se muevan con pies de plomo en esta materia. Más allá de que la arquitectura institucional se encuentra desequilibrada, no se pueden debilitar los cimientos de un sistema que requiere refuerzos. Es verdad que hay dificultades de plata, pero estas no se solucionan abriendo un hueco para tapar otro.

Ricardo Ávila
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto