Esta semana continúa el proceso de discusión del texto definitivo de la reforma laboral que ha liderado en los últimos meses el Ministerio de Trabajo.
El proyecto, que se planea radicar en el Congreso de la República el próximo 16 de marzo, hace parte, junto a las iniciativas de salud y de pensiones, de la primera fase de la agenda de cambios del gobierno Petro.
Si bien este borrador está aún en proceso de construcción, varias medidas iniciales ya despertaron justificadas alarmas de empresarios y gremios de la producción.
Por ejemplo, en materia de costos laborales, el contenido preliminar de la reforma apunta a una elevación sustancial vía aumentos en los recargos de dominicales y festivos, la jornada nocturna a partir de las seis de la tarde y la reducción de la jornada laboral, entre otros. Una encuesta de Fenalco entre sus afiliados, sumado a unos cálculos realizados por Fedesarrollo sobre los efectos en los comercios, identifica sobrecostos por encima del 30 por ciento, incluyendo el ajuste en el salario mínimo.
Además, de aprobarse estas medidas, los comerciantes, restaurantes y hoteles -que generan alrededor de uno de cada cuatro puestos de trabajo de la economía colombiana- responderían en un 27 por ciento evitando “al máximo la contratación de nuevo personal” mientras que un 25 por ciento se vería forzado a reajustar los precios de los bienes y servicios que ofrece. En otras palabras, el borrador de la reforma laboral tendría nocivas consecuencias en la generación de empleo.
Llamados de alerta similares han expresado otros gremios como la Andi, Acopi, entre otros. En especial, cuando se combinan varios aspectos del proyecto en múltiples frentes como una mayor inflexibilidad en la contratación, los aumentos obligatorios en la inflación más allá de los trabajadores con salario mínimo, una eventual reducción de ingresos de quienes trabajan en las plataformas digitales, entre otros. Todo lo anterior se está definiendo en medio de un preocupante panorama del mercado laboral en Colombia. El más reciente informe del Dane reportó que la tasa nacional de desempleo marcó 13,7 por ciento en enero pasado mientras que la informalidad laboral está en un 58 por ciento de la población. A pesar de la dinámica creación de empleo jalonada por dos años de reactivación pos-pandemia, el freno que está experimentando la economía nacional en meses recientes se traduciendo en un ritmo menor de generación de empleo.
De hecho, son sectores como los consultados por Fenalco -comerciantes, restaurantes, hoteles y entretenimiento- hoy preocupados por los eventuales costos laborales, los responsables de buena parte de los nuevos puestos de trabajo. Es decir, el énfasis de la reforma laboral de la administración Petro no solo debería enfocarse en mejorar las condiciones e ingresos de quienes hoy ya cuentan con un empleo formal sino también ponderar e incluir medidas para combatir el alto desempleo y reducir los elevados índices de informalidad.
El Gobierno Nacional enfrenta la difícil tarea de equilibrar las mejoras a las condiciones de los trabajadores y su seguridad con los necesarios incentivos para los empresarios de todos los tamaños, quienes con sus decisiones e inversiones generan los puestos de trabajo.
El presidente Petro debe resistir la tentación de caer en la división entre trabajadores ‘buenos’ y empresarios ‘malos’, que daría réditos de favorabilidad en un momento de bajón en la popularidad. No hay soluciones mágicas al desempleo y la informalidad sino la construcción de un consenso entre trabajadores, empresarios y el Gobierno, sin olvidar a los desempleados y a los informales.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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