El tono desesperado de la carta abierta que este jueves le hicieron llegar los gremios del Cauca al Presidente de la República, puso de presente la difícil situación que se presenta al sur del país, tras la convocatoria de la minga indígena. Tal como ha ocurrido en otras oportunidades, volvieron a verse bloqueos en diferentes puntos de la carretera panamericana, lo cual afecta la cotidianidad de cientos de miles de personas.
A lo anterior se suman los daños económicos que incluyen cargas de bienes perecederos que se pierden, pedidos incumplidos y desabastecimiento de alimentos, medicinas o combustibles. Además está el drama personal de aquellos que viajan de un lugar a otro, incluyendo los migrantes venezolanos que aspiran a cruzar la frontera con Ecuador.
Más allá de las reivindicaciones que hacen las comunidades que impulsan el cierre de vías, hay que lamentar que los actos de fuerza sean usados para conseguir concesiones de las autoridades. Una vez más los platos rotos los pagan ciudadanos que solo aspiran a seguir con su rutina, sin que exista claridad sobre cuánto se puede demorar la alteración actual.
Debido a ello, vale la pena insistir en que el diálogo entre los organizadores del plantón y las autoridades tenga lugar de manera franca, evitando desmanes y barricadas. Al Gobierno le corresponde actuar con tranquilidad y firmeza a la vez, a sabiendas de que hay más de un interesado en pescar en río revuelto y más en una zona en la que confluyen tensiones ancestrales con actores violentos de diverso pelambre.
En consecuencia, la administración Duque debe tener claro que aquí está en juego mucho más que un asunto regional. Las manifestaciones de descontento provenientes de diferentes actividades sugieren que el clima social puede volverse más tormentoso a medida que avanza el calendario, con lo cual el nivel de alerta merece elevarse.
Aparte del cese de actividades de un par de días convocado por Fecode para la semana que viene, la lista de sectores que exigen atención especial es amplia. En las filas cafeteras hay ruido debido a la caída en el precio de compra de la carga del grano por cuenta de la coyuntura del mercado global. Si bien existe una suma para compensar a los productores, esta podría agotarse con rapidez en caso de que el valor de la libra en Nueva York caiga más.
Los camioneros tampoco están contentos, por cuenta del reajuste en los combustibles. A pesar de que la mejora en la salud de la economía se traduce en una mayor ocupación del parque automotor de carga, hay anhelo de volver a la tabla de fletes. Como si eso no fuera suficiente, el esquema de chatarrización vigente debería tener sus días contados, si Colombia se atiene a los compromisos internacionales adquiridos.
Y la fila sigue. En esta se encuentran quienes están en la minería informal o los habitantes de zonas petroleras que exigen obras u oportunidades de trabajo, para no hablar de quienes se oponen al uso de técnicas no convencionales como el polémico fracking. En caso de que se reanuden las fumigaciones con glifosato, resulta previsible que los cultivadores de coca salgan a las carreteras a expresar su rechazo al uso del herbicida.
Así las cosas, no queda más que mantener la guardia arriba. Saber reaccionar pronto, con el fin de poder intervenir a tiempo, es una obligación gubernamental que involucra no solo al Ministerio del Interior, sino a la Casa de Nariño. Si alguna lección dejó el reciente movimiento estudiantil en favor de fondos para la universidad pública, es que no era necesario llegar tan lejos para encontrar una solución.
Dada la estrechez fiscal, el margen para calmar las aguas con un cheque es muy reducido. Por eso aquí también se debe aplicar ese adagio según el cual prevenir sale más barato.
Ricardo Ávila Pinto
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@ravilapinto