Tal como es usual en esta época del año, el Gobierno cumplió ayer con la obligación de radicar en el Capitolio el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2015. Ahora el turno es para el Congreso que tiene la obligación de debatir la iniciativa en las próximas semanas, una labor que se centrará en las comisiones terceras del Senado y la Cámara, en donde abundan las caras nuevas.
Ojalá en la presente oportunidad dicha renovación ayude para que, a diferencia de otras ocasiones, el análisis de la propuesta del Ejecutivo sea minucioso. Un debate más rico frente a lo que ha sido tradicional serviría para darle legitimidad a un programa de gastos que se tasa en 216 billones de pesos, en el cual hay partidas para todos los gustos.
Pese a una cuantía que no tiene precedentes, es evidente que en la confección de la versión actual no hubo la holgura de otras ocasiones, algo que refleja en parte las menores expectativas sobre el desempeño de Ecopetrol. Debido a ello, más de un sector sentirá un apretón que es a la vez necesario, antipático e inevitable. Si bien algunos programas de orden social van a expandirse, lo harán a un ritmo menor que en otras ocasiones, mientras que en renglones específicos el recorte es elocuente.
Pero antes de entrar en la evaluación sobre las áreas ganadoras y perdedoras, vale la pena señalar que la viabilidad del presupuesto depende de que los parlamentarios le den luz verde, antes de acabar el año, a la reforma tributaria que presentará el Ministerio de Hacienda en los días que vienen. Si bien no se conocen los detalles de la que se llamará Ley de Financiamiento, el monto de lo que se aspira recaudar sí está claro: 12,5 billones de pesos.
Semejante suma deberá salir de la prórroga del desmonte del gravamen a las transacciones financieras –conocido como el cuatro por mil– y de la adopción de un nuevo impuesto sobre el patrimonio, muy en la línea del que expira en el 2014. No obstante, como esas cargas no generan un monto equivalente al que es indispensable para cuadrar las cuentas, todo apunta a que viene algo más, aparte de una batería de medidas para disminuir los índices de evasión.
Incluso si los congresistas acogen la idea de fortalecer los ingresos públicos, el palo no va a dar para las mismas cucharas de la vigencia actual. Así lo demuestra la ligera baja en el monto nominal de las inversiones programadas, que es mayor cuando se le descuenta el componente inflacionario y que como proporción del Producto Interno Bruto caen medio punto porcentual.
También llama la atención que los gastos de personal van a tener un incremento mucho más moderado que en épocas recientes y que los generales se van a reducir. Esa voluntad implícita de mantener la rienda corta es bienvenida, pero será todo un desafío cumplirla ante la inercia que viene de atrás.
Expresada la voluntad del buen comportamiento, fue obligatorio adoptar determinaciones duras. Una de ellas es la disminución de más de un billón de pesos para el ramo del transporte o el bajón del 13 por ciento en comunicaciones. Aun así, se quiso destacar que, por primera vez en mucho tiempo, los fondos destinados a educación –casi 29 billones de pesos– estarán por encima de los que recibirán las Fuerzas Militares y de Policía.
Tales asignaciones dependerán en último término de lo que diga el Congreso, que seguramente agregará cosas aquí y las quitará allá. A lo largo de las discusiones que se den, el Ministerio de Hacienda deberá tener los ojos bien abiertos con el fin de evitar sorpresas, aparte de señalar que si sus proyecciones de ingresos no se cumplen no habrá más remedio que sacar el bisturí. Eso, además de sostener que respeta algunas de las promesas hechas durante la campaña presidencial y se compromete con el rimbombante título la iniciativa: “prioridades sociales para el tiempo de la paz”.
Ricardo Ávila Pinto
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