En reciente entrevista con este diario Natalia Gutiérrez, directora de Acolgen, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, detalló las propuestas para la rebaja de tarifas que ese gremio le presentó al Gobierno Nacional. En una reunión con el ministerio de Minas, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), las empresas de generación eléctrica pusieron sobre la mesa dos caminos alternativos a la intervención “directa y personal” del presidente de la República.
Estas opciones llegan en momentos en los que la reducción de los recibos de servicios públicos se ha convertido en una de las promesas de la Casa de Nariño. De hecho, el Gobierno Nacional emitió un decreto por medio del cual el presidente Petro asumía, por tres meses, algunas de las funciones regulatorias de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) y de Agua y Saneamiento Básico (CRA). La decisión despertó temores tanto por la intervención presidencial como por los mensajes de incertidumbre e inseguridad para las inversiones.
Dos semanas después, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto en cuestión y llevó la discusión al ámbito jurídico. No obstante, quedó en evidencia que la ruta preferida por la administración Petro ante la crítica situación de las alzas en los servicios públicos era la intervencionista y la que aumentaba la injerencia del Estado en este sector.
Precisamente ahí radica el valor de la actitud de Acolgen y los generadores que representa: ante un abierto afán de intervención estatal y ante un innegable golpe directo a los bolsillos de los hogares, poner sobre la mesa un abanico de salidas desde una visión de mercado. En palabras de Gutiérrez, “las señales del mercado deben prevalecer”. Aún más en un sector cuya institucionalidad público-privado ha evitado por 30 años un nuevo apagón y ha generado las condiciones propicias para un monto de inversiones por $140 billones desde 1994.
La primera opción sería un bono de alivio tarifario, un esquema por medio del cual se aliviarían los saldos por medio de fondos del sistema financiero. Ya hay experiencias de estos mecanismos de titularización de tarifas en países como España y Chile. La segunda propuesta constaría de dos fases: la primera es una subasta de contratos especial, orientada a los comercializadores más expuestos en la bolsa, seguida de un techo temporal a los ingresos de los generadores por ventas en bolsa. Ambas propuestas deberían desplegarse en paralelo para un mayor beneficio a los usuarios, sin sacrificar las necesarias señales de confianza y estabilidad a los inversionistas.
Tras la presentación de estas alternativas, la pelota ahora queda en la cancha del Gobierno Nacional. La intervención “directa y personal” del presidente Petro sobre las tarifas de los servicios públicos no es el único y exclusivo camino para lograr el objetivo social que la Casa de Nariño y las empresas del sector eléctrico buscan: un alivio tangible en medio de la disparada inflacionaria a los precios de la energía.
La administración Petro debería ponderar sin demora y con responsabilidad técnica este conjunto de iniciativas de los generadores de energía. Asimismo, estas propuestas crean un espacio de discusión del cual podrían surgir soluciones gana-gana para el Estado, la cadena eléctrica, la institucionalidad sectorial y los usuarios. Y lo más notable es que estas alternativas son salidas desde los mercados. Al igual que banqueros, con las tarjetas de crédito, y los generadores, esta búsqueda de opciones con respeto al mercado y sus señales debería replicarse en otros sectores.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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