Faltan escasamente cinco semanas antes de concluir el proceso licitatorio al final del cual se escogerá el nombre del consorcio encargado de construir el metro de Bogotá. Dada la cantidad de interesados, es muy probable que la definición tenga lugar entre un número elevado de proponentes.
La empresa que gane firmaría el contrato a mediados de diciembre y comenzaría pocos meses después con la obra de infraestructura de mayor envergadura en la historia de Colombia, cuyo costo superaría los 22 billones de pesos. Si el cronograma se cumple, hacia el 2024 los habitantes de la capital verán concretarse un sueño que comenzó hace casi tres cuartos de siglo.
Ante la inminencia de un desenlace, es válido afirmar que el Distrito nunca había llegado tan lejos. Aparte de los aportes de la Nación que contribuirá con el 70 por ciento del valor del proyecto, se ha avanzado en la concreción de créditos de largo plazo por parte de la banca multilateral. Que la ciudadanía está entusiasmada es algo que demuestran las encuestas, según las cuales cerca de dos terceras partes de los habitantes de la metrópoli respaldan la iniciativa impulsada por la administración de Enrique Peñalosa.
Cualquier observador desprevenido podría concluir que al tren elevado no lo para nadie. Lamentablemente, es temprano para cantar victoria pues la política acabó metiéndose en la que debería ser una discusión meramente técnica.
Sin entrar en honduras, la estrategia para descarrilar al metro comienza por el uso de los estrados judiciales, desde los cuales ya se le puso un enorme signo de interrogación a, al menos, dos propósitos clave del Palacio Liévano: TransMilenio por la carrera séptima y la construcción de un parque en las inmediaciones de la laguna de San Rafael.
El uso del mecanismo de la tutela para la protección de derechos fundamentales, se combina con demandas ante el Consejo de Estado, por supuestos vicios en los procesos adelantados.
Aparte de lo anterior, se encuentra la intención de demeritar la idea del metropolitano, sugiriendo que aquí hay gato encerrado. Para citar un caso, esta semana el senador Gustavo Petro se encargó de divulgar un informe de auditoría elaborado por la Contraloría Distrital, el cual salió a la luz antes de que lo mirara el titular del ente de control. Dada la sensibilidad de la opinión hacia los escándalos de corrupción, sembrar dudas es una manera de quitarle legitimidad a cualquier emprendimiento.
En general, a lo que se le apunta es a cortar una cadena en la cual existen innumerables eslabones. Romper uno solo implica detener toda la maquinaria por lo cual se ha llegado incluso al extremo de cuestionar la transparencia de las decisiones del Confis, encargado de darle luz verde a las vigencias futuras mediante las cuales el Gobierno central hará su contribución.
Las cosas han llegado al extremo de que el candidato a la alcaldía, Hollman Morris, ha convertido la intención de descarrilar el metro en uno de los puntos centrales de su programa. La promesa de un subterráneo se convirtió en bandera, a pesar de que esta alternativa no cuenta con estudios detallados, ni mucho menos la viabilidad financiera requerida.
Todo lo anterior hace obligatorio que los habitantes del Distrito Capital reaccionen y se movilicen para dejar en claro que las trapisondas judiciales no deben ser usadas para enterrar un anhelo de tantos años. Hacer borrón y cuenta nueva implicaría extender indefinidamente el momento en el cual el primer vagón que ruede por los rieles empiece a transportar pasajeros.
Lo anterior no quiere decir que en la fase de ejecución haya que olvidarse del debido seguimiento y la rendición de cuentas. Todo lo contrario. Entre más ojos observen el avance de la obra, todo irá mejor. Pero eso es diferente a ponerle palos en la rueda a una ilusión colectiva.
.jpg)
