Poco más de un año después vuelven a ocurrir las inundaciones en Mocoa. En esta ocasión, si bien las afectaciones de viviendas, comercios e infraestructura urbana pueden ser parecidas a las pasadas, afortunadamente no hay pérdidas de vidas humanas. Esto gracias al sistema de alertas tempranas que instaló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el último año y que evidencian su utilidad para evitar las peores consecuencias de estas tragedias, así como salvaguardar la integridad personal de quienes habitan las zonas afectadas. De 300 víctimas el año pasado, pasamos a cero en esta oportunidad.
Sin embargo, no parece que hayamos aprendido las demás lecciones. No estamos actuando con la prontitud requerida para adaptarnos a los efectos del cambio climático. En particular en Colombia, los periodos secos y de invierno tienden a intensificarse; especialmente en épocas de lluvias, estás son más fuertes y, por ende, las crecientes de los ríos son de mayor caudal y se dan en lapsos más cortos de tiempo. El cambio climático es una realidad y por ello es urgente adaptarnos como sociedad y economía para mitigar sus impactos.
Debido a lo anterior, en el nuevo plan de desarrollo debe ser imperativo incorporar de manera transversal los principios del crecimiento verde, que permitan utilizar sosteniblemente los recursos naturales del país y así lograr su preservación. También se debe incluir una estrategia de conservación y recuperación de los ecosistemas del país para reducir la intensidad de fenómenos como los observados en Mocoa. Sin embargo, todo esto no se va a lograr sin una reforma a fondo de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que, en su mayoría, son fortines políticos y, en no pocos casos, foco de reiterados eventos de corrupción.
Bien lo decía el procurador Fernando Carrillo: las CAR no están cumpliendo con su papel de instrumento de planificación y sostenibilidad regional y, por el contrario, parece que la mayoría están al servicio de intereses políticos regionales. Por ello deben reformarse para convertirlas en entidades técnicas con un sistema de gobierno que maximice la influencia en su consejo directivo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la academia y ciudadanos de la región elegidos meritocráticamente. Así mismo, la evaluación de su gestión debe realizarse por el cumplimiento de sus objetivos y metas cuantificables, que deberían presentar en rendiciones de cuentas anuales y públicas para garantizar su transparencia.
Regresando al caso de Mocoa, ya está diagnosticado que los continuos desbordes de los ríos Mulato, Mocoa y Sangoyaco están estrechamente relacionados con la deforestación de sus rondas por ganaderos, siembras e, incluso, su urbanización. La preservación de las rondas de los ríos es indispensable para regular su caudal, y por ello las CAR deberían efectuar una labor pedagógica y de implementación obligatoria de la reforestación. Y a quienes incumplan, ser sometidos a multas.
Finalmente, el tema también compete a las autoridades urbanas, que permiten o se hacen las de la vista gorda con desarrollos urbanísticos o asentamientos en terrenos de periódica inundación, cuya vocación es exclusivamente la de amortiguar los desbordes de los ríos. En esto, los alcaldes no solo deben evitar que aumenten las construcciones en zonas de riesgo, sino que, con la cooperación técnica y financiera de Fondo de Adaptación, priorizar los barrios que requieren un reasentamiento en lugares más seguros.
La adaptación al cambio climático es una necesidad y debe ser liderada por el Gobierno Nacional en el nuevo plan de desarrollo, y por los gobernadores y alcaldes en las regiones. No obstante, para que esto sea una realidad, hay que reformar estructuralmente a las CAR. Sin esto, eventos como los de Mocoa estarán condenados a repetirse en cada ola invernal.
Ricardo Ávila Pinto
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