La emergencia lleva tanto tiempo de haber sido declarada que son pocos los colombianos que se sorprenden cuando se les habla de la crisis de la salud. Al fin de cuentas, desde finales de la administración pasada se le han venido aplicando remedios a un ramo que tiene problemas estructurales profundos y ninguna solución fácil. Estos han incluido más recursos, leyes y reformas administrativas, sin que el estado del enfermo mejore.
De hecho, si se escuchan las palabras de Alejandro Gaviria, el Ministro del ramo, el diagnóstico es aún más inquietante. Según el funcionario el sector se encuentra en estado de quiebra como resultado de dos factores que aprenden quienes estudian temas financieros: una situación de iliquidez y otra de insolvencia, que afectan a la mayoría de eslabones de la cadena.
En el caso de la primera, los atrasos en los pagos no han hecho más que aumentar, causados por factores tales como el aumento en el número de usuarios, el desequilibrio entre lo que se reconoce por cada afiliado y lo que cuesta, las reclamaciones que se le hacen al sistema a través del mecanismo de la tutela y la diferencia entre los cobros que se efectúan para que sean reintegrados y que efectivamente se reconocen. Más allá de entrar a evaluar cada uno de esos elementos, el hecho es que se ha creado una situación explosiva en la cual la plata llega a cuentagotas y más de una institución tiene el agua al cuello.
Como si eso no fuera suficiente, cada integrante del esquema tiene cuentas que no cuadran con las de los demás. En concreto, lo que dicen los prestadores de la salud que les deben las EPS no coincide, como tampoco lo que afirman estas últimas con respecto a los que les adeudan las entidades territoriales y así sucesivamente. En algunos casos las discrepancias son, literalmente, de billones de pesos, algo que dificulta cualquier esfuerzo de armonización entre unos y otros.
Quizás el elemento más complejo de todos tiene que ver con facturas que en su momento le fueron presentadas al Fosyga y que este no acepta como válidas. Si en uso de los principios de contabilidad usuales tales sumas fueran castigadas, el balance conjunto de las EPS mostraría un patrimonio negativo que debería ser causal de liquidación inmediata.
Es verdad que tales líos, a los que hay que agregar los malos manejos y el desgreño administrativo, han tenido efectos. Los casos de Solsalud, Humana Vivir, Selvasalud, Saludcondor y otras más en proceso de liquidación, son prueba de los desbarajustes del sector. A esos ejemplos, hay que agregar que Caprecom se encuentra en capilla, debido a su inviabilidad, y que Saludcoop fue intervenida y enfrenta dificultades muy serias. Para completar, hay rumores crecientes sobre al menos una grande en problemas, que en una situación eventual de cesación de pagos podría golpear duramente la ya debilitada arquitectura del sistema.
Todo lo anterior requiere la atención del alto Gobierno y no solamente del Ministerio de Salud. El motivo es que una reingeniería obligaría a hacer una especie de borrón y cuenta nueva que implicaría decisiones duras, como la aceptación explícita de múltiples actores de que por cada peso que se les adeuda, apenas van a recibir unos centavos.
En medio de la coyuntura electoral y con un proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso, muchos preferirían ganar tiempo antes de meterse con una cirugía a fondo. Lamentablemente, la bomba puede explotar antes de lo que se cree, y si el Ejecutivo no está preparado para reaccionar con rapidez, el efecto puede ser nefasto y llegaría hasta la suspensión de la atención para cientos de miles de personas, algo que se debe evitar. Por tal razón, sería bueno que se forme un equipo en el que deberían participar los ministerios de Salud, Hacienda y Trabajo, además de Planeación y varias superintendencias, para que trabajen en un tema que, ahora sí, no da más espera.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto
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