No cesa el revuelo causado por la propuesta del Ministro de Hacienda de universalizar a toda la canasta familiar el cobro del IVA y adoptar un mecanismo de devolución para los más pobres. Esta merece un análisis serio y desapasionado, pues puede ser la mejor fórmula para lograr el equilibrio macroeconómico, cumplir la regla fiscal y a su vez lograr que sea equitativa con el 20 por ciento de menor ingreso en la población, incluso aumentándoles sus recursos disponibles.
Los críticos se oponen a la idea y se abrazan en la bandera de la protección de la gente que menos tiene, pero no toman en cuenta que hay mecanismos para identificar a aquellos que se verían beneficiados con este esquema, además de las plataformas tecnológicas adecuadas. De una parte, vía el Sisbén, y manteniendo los esfuerzos para su continua depuración, son plenamente reconocibles las personas en condición de pobreza que serían sujeto de esta compensación. Así mismo, programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y el Programa del Adulto Mayor usan la bancarización, los cuales permiten hacer llegar el dinero en cuestión.
Si bien esto garantizaría una cobertura casi universal de la población objetivo, a los restantes se les pueden efectuar giros a través de los corresponsales no bancarios que tienen cobertura prácticamente en todos los municipios del país o utilizar la telefonía móvil. Un rápido estimativo de lo que sería el valor de la transferencia mensual para una familia pobre de cuatro personas con un ingreso de 800.000 mil pesos, daría una suma del orden de 80.000 pesos mensuales, asumiendo que no hay evasión del IVA por los comercios informales. La evidencia existente muestra que en el caso del 40 por ciento más pobre, el promedio es de 48.000 pesos por familia, con lo cual habría una ganancia neta. Esto implicaría giros anuales del orden de 2,1 billones de pesos, de los cuales uno ya lo pagan esos colombianos.
La propuesta de Minhacienda sería más digerible para la opinión pública y el Congreso si al incluir toda la canasta familiar, con excepción de las pensiones y servicios básicos como educación y salud, el monto adicional a recaudar -cerca de 12 billones de pesos- permite reducir la tarifa general del IVA al 17 por ciento y aún recaudar 8,5 billones de pesos, casi un punto del PIB. El neto sería de 6,4 billones, cerca del 0,7 por ciento que se requiere de ingresos fiscales adicionales.
Hay que recordar que quienes más se opondrán al IVA universal son las empresas productoras de los bienes y servicios exentos o eximidos ahora, con el argumento de que esta medida reducirá la capacidad adquisitiva de los consumidores y que vía efecto precio se reducirá la demanda por sus productos. En realidad, una vez se compensa a los pobres devolviéndoles el impuesto –incluso mes anticipado para evitar afectarles su precario flujo de caja–, para los demás colombianos será algo que pueden incluir en su presupuesto. Por su parte, a las empresas habrá que invitarlas a hacer esfuerzos de productividad y ahorro de costos que les permita minimizar el impacto.
Por otro lado, el país también tiene que explorar fuentes alternas de ingresos fiscales para tener compañías competitivas. Una de ellas es una política que promueva la formalización, reduciendo aún más los parafiscales. Otra es controlar las prácticas de ‘precios de transferencia’ de empresas extranjeras que por esta vía sacan, sin el pago del impuesto de renta, el grueso de sus utilidades. También es hora de pensar en imponer un impuesto elevado a las grandes herencias con tasas más elevadas. No obstante, de manera inmediata la vía de la universalización del IVA en la canasta devolviéndole el pago a los pobres, suena práctica para garantizar el equilibrio fiscal y, a su vez, evitar la inequidad.
Ricardo Ávila Pinto
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