La semana pasada, al retomar sus funciones luego de su convalecencia por covid-19, la alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció un ambicioso plan de “rescate social, económico y de legitimidad” para la capital.
En primer lugar, a partir del próximo 8 de junio, el Distrito Capital abrirá completamente todos los sectores productivos de la ciudad, con cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Es decir, no habrá restricciones horarias y se levantarán medidas como el toque de queda, la ley seca, el pico y cédula y demás.
Aún en medio del tercer pico de contagios, tras el mes más mortal de la pandemia y con una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por encima del 90 por ciento, la burgomaestre le apuesta a eliminar las restricciones ante la urgencia de enfrentar la crisis económica y social que golpea al Distrito. Esto constituye un bienvenido giro a la política que había venido implementando la alcaldesa que subordinó el dinamismo de las actividades económicas urbanas a las consideraciones y medidas sanitarias.
López asimismo prometió financiar este rescate con un traslado presupuestal de 1,7 billones de pesos, originalmente destinados a obras de infraestructura y de movilidad. Con estos recursos, la administración capitalina girará ayudas monetarias a 950 mil personas, generará 30 mil cupos universitarios adicionales, más recursos para programas para jóvenes, apoyo a unas 60 mil pequeñas empresas y 530 mil millones de pesos para obras locales.
Esta es una agenda en la que claramente el Distrito no solo busca sintonizarse con las preocupaciones sociales que han surgido en el mes de paros y protestas en el país, sino también brindar un respiro a la golpeada economía capitalina. Bogotá ha venido experimentando un duro impacto tanto sanitario como económico como consecuencia de la pandemia del covid-19. En 2020 dos de cada cinco habitantes de la ciudad estaban bajo la línea de pobreza, alrededor de un millón están hoy desempleados y otro millón registra condición de pobreza extrema, con un mayor impacto en jóvenes y mujeres.
A lo anterior se suma un dramático deterioro de las actividades productivas en la capital. A raíz tanto del paro nacional como de las medidas restrictivas de la Alcaldía Distrital, solo el 8 por ciento de las empresas bogotanas y de la región se encontraban operando a toda su capacidad. La serie de cuarentenas totales, confinamientos sectorizados, restricciones horarias, cierres de establecimientos, picos y cédula que caracterizaron la respuesta del gobierno bogotano arrinconaron a los empresarios, minaron la dinámica privada y destruyeron puestos de trabajo.
Por ese motivo, los detalles de la estrategia de reactivación económica del plan de rescate de la alcaldesa López son de la máxima importancia. Si bien la reapertura total y los anuncios de los subsidios sociales son decisiones positivas y oportunas del Distrito, el éxito de cualquier ruta para recuperar la economía capitalina pasa por la revitalización de las actividades empresariales.
El sector privado bogotano requiere mayor claridad en los detalles tanto de los traslados de recursos como de los planes de inversión en los barrios. Asimismo, se necesitan señales que garanticen que la reapertura no será flor de un día y que el camino de la reactivación es tan sólido como para planear, invertir y dinamizar. El Distrito, de la mano del Gobierno Nacional, debe además garantizar que los bloqueos a la movilidad y la destrucción de la infraestructura no descarrilarán los esfuerzos. En otras palabras, acciones que reconstruyan la confianza para producir y trabajar entre los empresarios, los ciudadanos y el Distrito.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda
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