Ayer en la Casa de Nariño el presidente Iván Duque dio inicio al espacio de diálogo para detener la violencia y atender los reclamos sociales que ha desatado más de una semana de protestas continuas en el país.
La agenda que el Gobierno Nacional busca impulsar desde este nuevo intento de “Conversación Nacional” incluye no solo el fin de las jornadas violentas sino también la “reactivación segura y social”, la “estabilización de las finanzas públicas” y la “protección de los más vulnerables”.
Acierta el Ejecutivo al conectar el debate político y social con las necesidades económicas, sanitarias y fiscales que Colombia enfrenta en medio de la pandemia.
El primero de estos encuentros contó con una amplia participación de gremios de la producción, representantes del sector privado, juntas de acción comunal, directivos universitarios, entre otros, y hubo una sintonía general entre esas prioridades gubernamentales y los siguientes pasos que el país debería dar.
El camino más fácil es desacreditar este arranque inicial de la búsqueda de salidas a la difícil situación por el origen y la selección de estos primeros invitados. Lo difícil es entender que el proceso de diálogo que apenas comienza necesita encontrar estos primeros acuerdos alrededor de posturas tanto éticas- no a la violencia- como políticas- respaldo a las instituciones- y económicas- con la reactivación económica como una prioridad.
Al Gobierno le corresponde la tarea de aprender y aplicar las lecciones que dejó el fallido e interrumpido proceso de “Conversación Nacional”. No hay claridad todavía cuáles son las estructuras, las metodologías, las convocatorias y las agendas que diferencian este nuevo espacio de “participación ciudadana”. Mientras más días pasen sin una estrategia para comunicar los detalles y la fortaleza de este diálogo, la sombra del anterior llamado presidencial no terminará de disiparse.
A pesar de ello, cabe destacar las posturas que los representantes del sector privado y empresarial están tomando desde el inicio de esta coyuntura crítica. Fueron voces privadas las que no solo alertaron las dificultades de la hundida reforma tributaria sino también pusieron sobre la mesa alternativas que contemplan esfuerzos sobre los hombros de las empresas y de los colombianos de más altos ingresos.
Estas opciones, cuyo origen es empresarial, constituyen hoy el punto de partida de la búsqueda de consenso a cargo del nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. De hecho, dentro de las conclusiones del primer encuentro en Palacio con gremios y sector privado están tanto el impulso prioritario al empleo, la estabilidad financiera como el avance de la vacunación masiva.
La inclusión de la política de reactivación dentro de los espacios de diálogo social y de consenso político del Gobierno es no solo una necesidad sino también un poderoso mensaje.
Sin ignorar las demás demandas de los promotores de las protestas y los reclamos específicos de los jóvenes manifestantes, cualquier acuerdo o decisión debe partir del contexto económico que el país atraviesa.
El peor escenario sería terminar con una larga lista de consensos que desconozcan tanto las restricciones fiscales como la actual fragilidad del aparato productivo nacional.
La postura de los múltiples representantes del sector privado ha sido constructiva en las propuestas, solidaria en las alternativas tributarias, preocupado en las amenazas a las instituciones y respetuosa de los reclamos los grupos sociales.
Francisco Miranda Hamburger
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