Tan solo siete días duró Alejandro Calderón como nuevo gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Los graves cuestionamientos sobre sus cualificaciones académicas y su experiencia laboral convirtieron en insostenible la continuidad de la cabeza del conglomerado de servicios públicos más importante del país.
Ayer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció el nombramiento de un nuevo gerente, el cuarto en 15 meses: el ex viceministro de aguas Jorge Andrés Carrillo. La designación de Carrillo fue recibida con sospechas de una supuesta inhabilidad debido a su condición actual de miembro de la junta directiva de la empresa.
Con el fallido nombramiento de Calderón, la alcaldía de Medellín desperdició una excelente oportunidad para avanzar en el cierre de la crisis corporativa en que EPM está inmersa desde la salida escandalosa del ex gerente Álvaro Rendón.
Al optar por una persona sin las calidades ni la experiencia necesarias para dirigir un grupo empresarial de esta magnitud, el alcalde Quintero ahondó precisamente en las alarmas sobre el gobierno corporativo que la disputa con Rendón disparó.
En lugar de apaciguar las preocupaciones sobre la injerencia de la Alcaldía de la capital antioqueña en el manejo administrativo del conglomerado, la selección y posterior defensa de Calderón por parte del alcalde Quintero las exacerbó.
Con la designación ayer de Carrillo, en medio de las discusiones sobre la inhabilidad, otra vez las urgencias y necesidades gerenciales de EPM quedan subordinadas al juego y las críticas políticas.
Con la renuncia de Calderón como antecedente, la primera tarea para el nuevo gerente es disipar con contundencia estas dudas jurídicas que hoy recaen sobre su nombramiento. Ya no hay espacio para seguir enviando las peores señales sobre el liderazgo corporativo de EPM y su capacidad técnica y experiencia a las calificadoras de riesgo. El futuro financiero de la empresa está en juego.
Es momento que el grupo empresarial retome la estabilidad requerida para, primero restablecer la confianza perdida y, en segundo lugar, empezar a abordar sus inmensos retos corporativos. Más allá de las peleas políticas de la administración local de Medellín, EPM enfrenta desafíos empresariales de gran magnitud y que comprometen tanto la estabilidad del sistema energético nacional como las finanzas públicas de la segunda ciudad más grande de Colombia.
La terminación, entrada de operación y pleitos jurídicos por unos 9,9 billones de pesos del proyecto hidroeléctrico Ituango constituyen una de las misiones cruciales para la gerencia de EPM. Todo lo anterior sin contar la necesidad del país de la energía que esta megaobra generará.
Otro reto es la toma de decisiones que apunten a consolidar el gobierno corporativo de la empresa y fortalezcan la autonomía con respecto a la alcaldía de Medellín. En este respecto, el gobierno de la ciudad asimismo debe contribuir a respetar esas distancias, necesarias para recuperar esa confianza perdida.
Una tercera tarea corresponde al manejo de Afinia, la filial que heredó las operaciones de Electricaribe en Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. Son urgentes tanto su estabilización como el despliegue de su plan de inversiones. Por último, EPM debe seguir su senda de innovación, solidez financiera y de mejoramiento en la calidad de los servicios que presta.
Restablecer confianza, fortalecer la autonomía y abordar retos tan complejos: el camino que debe recuperar EPM.