Aquello de que ‘el tiempo es oro’ sí que se aplica a la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno y cuyo tránsito tiene que comenzar en el Congreso durante la presente semana. De lo contrario, la iniciativa estaría en problemas, dado que queda cerca de un mes antes de que termine la legislatura y el calendario se ve apretado, incluso si se piensa convocar a sesiones extras.
Como se recordará, el objetivo inmediato del proyecto de ley es conseguir los 12,5 billones de pesos que faltan para garantizar los recursos que necesita el presupuesto del 2015. Pero también el Ejecutivo quiere asegurar lo que necesitaría hasta el fin del cuatrienio, más allá de que un eventual posconflicto –acompañado de nuevas erogaciones– le obligue a volver al Capitolio en una fecha indeterminada aún.
Tal parece que el texto radicado por el Ministerio de Hacienda se verá sujeto a profundos cambios. En los debates que se han realizado, ha quedado claro que la idea de centrar el aumento de los recaudos públicos en una extensión y reforzamiento del impuesto al patrimonio tiene muy pocos amigos. Ayer los ponentes se inclinaban por un esquema que aplicaría para el próximo año y sería desmontado de manera gradual.
Las razones son especialmente de orden técnico, pues desde especialistas hasta los empresarios agremiados en la Andi, han señalado que este gravamen enviaría la señal equivocada, justo cuando el país necesita más y no menos inversiones por parte del sector privado. Se ha dicho en repetidas ocasiones que un proyecto productivo en su fase preoperativa, se vería fuertemente castigado, mucho antes de generar utilidades.
En consecuencia, todo apunta a que la fuente sustituta sería el Cree, que vio la luz por cuenta de la reforma del 2012. En el caso más extremo, la tarifa subiría hasta en 9 puntos adicionales, duplicando la actual y siendo aplicable a ganancias superiores a los mil millones de pesos anuales. Si a eso se le agrega que, en el caso de la renta, el nivel está en 25 por ciento, la tasa efectiva de tributación en Colombia quedaría por encima del 40 por ciento para ciertas sociedades, una de las más elevadas del mundo.
Esa realidad posible lleva a que ponentes y Gobierno se inclinen por el menor de los dos males, pues cada tres puntos adicionales de Cree generarían 7,5 billones de pesos adicionales. El problema es que la solución dista de ser la óptima, pues otra vez se les carga la mano de forma desproporcionada a cerca de 6.000 firmas, lo que eleva la concentración en pocas fuentes, perpetuando un esquema que atenta contra la competitividad y que pasará su cuenta de cobro.
Como si eso fuera poco, no parece haber ambiente entre los parlamentarios para imponerles sanciones penales a los grandes capitales que no han sido declarados. Desmontar el esquema de la zanahoria y el garrote conduciría al fracaso del propósito gubernamental de otorgar, en la práctica, una amnistía que generaría fondos y ampliaría la base impositiva.
Eso sin hablar de abrirles la puerta a iniciativas como gravar los dividendos o acabar con las exenciones de las fundaciones que son motivo de abusos. En ambos casos, el Gobierno considera que el debate no está maduro.
Todos esos factores dejan un mal sabor al que hay que agregarle las dudas sobre que el esfuerzo resulte insuficiente a la luz del golpe, que, para las finanzas públicas, significa la baja en los precios del petróleo.
Puesto de otra manera, sería lamentable que al cabo de unos meses, se vea que hay que volver a pasar la escudilla porque las cuentas se hicieron mal.
Por eso el Ministerio de Hacienda tiene que ser capaz de combinar las realidades políticas con un análisis descarnado de sus cifras. Nadie va a quedar contento con la reforma tributaria, pero lo mínimo que se debe exigir es que la plata alcance y que el remedio no sea peor que la enfermedad.
Ricardo Ávila Pinto
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