La semana pasada dos altas cortes del país -la Corte Constitucional y el Consejo de Estado- adoptaron resoluciones que impactan, en mayor o menor grado, las decisiones que ha tomado, o tomará en el futuro, el poder Ejecutivo. Por un lado, el máximo tribunal de la Nación anunció que, por unanimidad y por primera vez en 31 años, podrá suspender leyes que estén en marcha mientras estudia su eventual inconstitucionalidad.
Esta definición de la sala plena de la Corte Constitucional cubre “casos excepcionales” en los que una ley aprobada pero manifiestamente contraria a la Carta Política podría congelarse para evitar que sus consecuencias irremediables continúen desarrollándose. En la práctica esto se traduciría en que, aunque el Gobierno logre aprobar en el Congreso una reforma, si el alto tribunal considera que su aplicación desatará estos efectos incompatibles con la Carta del 91, podrá suspender su ejercicio.
Por otro, el tribunal de lo contencioso administrativo suspendió provisionalmente el decreto 227 de 2023 en el cual el presidente de la República, Gustavo Petro, asumía las funciones regulatorias de las comisiones de Energía y Gas (Creg) y de Agua y Saneamiento Básico (CRA). Esta decisión del Consejo de Estado frena directamente la intención del mandatario de intervenir los servicios públicos en aras de buscar una reducción en los recibos de luz.
Ambas determinaciones pusieron sobre la mesa tanto el rol de contrapeso que las cortes deben ejercer frente al poder del Ejecutivo, como el papel de los máximos jueces de la Nación frente a la agenda de reformas que impulsa la Casa de Nariño. Si bien la presidencia de la República cuenta con un amplio arsenal de instrumentos legales y herramientas administrativas para materializar su agenda, la Carta Política contempla un diseño institucional de equilibrio de poderes que otorga a las cortes y al Congreso de la República funciones para contrarrestar al Gobierno Nacional.
No se trata, como lo afirmó el Presidente en sus reacciones iniciales a la suspensión del Consejo de Estado, una dinámica que los jueces estén estrenando con este gobierno a raíz de su portafolio de cambios. Prácticamente todos los mandatarios colombianos pos-Constitución de 1991 han tenido enfrentamientos y “choques de trenes” con cortes y congresistas alrededor de sus iniciativas. Más aún, quienes hoy administran el Ejecutivo en sus más altos niveles, no solo ejercieron ese contrapeso como legisladores opositores sino que aplaudieron muchas de esas decisiones judiciales que entorpecían los programas de sus contradictores de entonces.
En segundo lugar, la inédita decisión de la Corte Constitucional y la suspensión del tribunal contencioso administrativo generaron la pregunta sobre el papel que estas altas cortes deberían asumir ante un Ejecutivo que pretende drásticas reformas. No sobra recordar que la intención de reforma en sí misma, por más noble o mayoritaria en las urnas que sea, necesita tramitarse dentro de las normas y las reglas del juego de la institucionalidad, que incluyen estos contrapesos. Está en el Gobierno, en especial en la secretaría jurídica, el deber de sacar la máxima transformación dentro de ese marco legal.
Las cortes colombianas, en especial la Constitucional, han sido en general actrices protagónicas en profundos cambios sociales y económicas, llamando la atención de la incompetencia del Ejecutivo y de la inactividad del Legislativo. Queda entonces pendiente, para completar este esquema democrático, que los congresistas le den a la “agenda de cambio” debates completos y técnicos.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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