Francisco Miranda Hamburger
Editorial

¿Regalías que reactivarán?

Con más recursos, el reto de las regiones productoras es invertir estos en su reactivación económica, sin despilfarro ni corrupción.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
septiembre 10 de 2020
2020-09-10 09:27 p.m.
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Ayer el Congreso de la República aprobó la ley reglamentaria del nuevo Sistema General de Regalías (SGR).

Tras un debate parlamentario de más de un año y medio -los ocho debates del acto legislativo más la ley reglamentaria- entran en vigencia los cambios a la distribución de los recursos generados por las explotaciones mineras y de hidrocarburos.

Esta aprobación constituye el cumplimiento de la promesa del presidente, Iván Duque, de incrementar las regalías para los municipios y departamentos productores de petróleo, carbón, gas y oro.

La reforma anterior al sistema, inscrita en la ley 1530 de 2012, estuvo orientada a una repartición más amplia de estos recursos dentro del territorio nacional. O como se expresó en su momento, esparcir “la mermelada por toda la tostada”.

El corazón de la reforma de Duque está en el aumento de las regalías para las regiones donde se extraen y se exportan estos recursos no renovables, y que asumen la mayor parte de las desventajas sociales y los costos ecológicos que traen las industrias extractivas.

El monto a distribuir para los productores pasa del 11 por ciento al 25 por ciento. Por ejemplo, el departamento del Meta aumentará los recursos de regalías de 650 mil millones de pesos en el bienio 2019-2020 a más de 1 billón de pesos para el periodo 2021-2022. En el caso de Cesar, el salto sería de 230 mil millones de pesos a 475 mil millones.

La cifra total para inversión social directa en municipios y departamentos por regalías para 2020-2021 asciende a unos 15,7 billones de pesos. Las asignaciones directas se duplican de dos billones de pesos a 4 billones.

Si bien la pandemia del coronavirus y su impacto en la demanda global de petróleo y carbón reducirá las regalías para los próximos dos años, estos son recursos bienvenidos y cruciales para estas regiones en momentos de contracción económica nacional.

Esta reforma al SGR eleva de 10 al 15 por ciento la distribución para los mil pueblos con los más altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, así como el 5 por ciento de asignación directa a proyectos ambientales y el 7 por ciento a la implementación del Acuerdo de Paz.

En el papel estos cambios premian a los productores, priorizan inversión sobre ahorro y aumentan la autonomía de las regiones. El desafío ahora es que, con más regalías directas en sus arcas públicas, las regiones productoras inviertan esos recursos del subsuelo en estimular su reactivación económica, con equidad y con empleos.

La gran tragedia de los departamentos con la mayor riqueza minero-energética del país es que sus dirigencias no han sido capaces de traducir los multimillonarios recursos girados, en algunos casos por décadas, en ejemplos a seguir de desarrollo social y económico.

De hecho, uno de los argumentos más repetidos de los opositores a las industrias extractivas en Colombia es que, a pesar de la explotación de los recursos no renovables, los municipios y departamentos siguen ahogados en la pobreza, la desigualdad y la corrupción.

Si las regiones productoras de petróleo, gas, carbón y oro fueran hoy en día los modelos de progreso social y prosperidad económica del país, muchos municipios recibirán con los brazos abiertos las inversiones en minería e hidrocarburos.

¿Invertirán los gobiernos locales estas regalías en obras civiles, escuelas, acueductos y vías que mejoren la infraestructura social y económica de sus regiones mientras crean empleos? ¿Destinarán los mandatarios de las regiones productoras un porcentaje de los recursos a preparar su capital humano y su tejido económica para el fin de la bonanza? No hay reforma que lo garantice.

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