La frase lo resume todo: “vamos a repartir la mermelada en toda la tostada nacional”. Así lo expresó el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, el jueves pasado, tras la aprobación final en el Congreso de la reforma constitucional que crea un nuevo marco para las regalías.
Lo dicho por el funcionario refleja el sentimiento de los promotores de una iniciativa que no las tenía todas consigo cuando fue presentada en el segundo semestre del 2010.
Pero contra viento y marea, la propuesta salió adelante y se suma a la lista del impresionante balance de la legislatura que concluye esta semana.
Sin entrar en demasiados detalles, el esquema adoptado reparte en forma más equitativa un ponqué que va a aumentar de tamaño, gracias al auge minero y petrolero que vive el país. Según los cálculos oficiales, los 6,5 billones de pesos del año pasado, pasarán a 8,8 billones en el ejercicio actual y llegarán a 9 billones en el 2012.
El problema es que en el modelo previo, dicha suma solo le correspondía a unas cuantas regiones y municipios con lo cual aumentaba la disparidad entre unos pocos afortunados que tenían recursos naturales en su territorio y una mayoría que no.
Ahora, en cambio, todos van a tener acceso a esos dineros. Si bien desde el punto de vista de las proporciones los beneficiarios de hoy van a salir perjudicados, el hecho de que la base de cálculo sea creciente va a disminuir el impacto. En tal sentido, los anuncios alarmistas de varios alcaldes y gobernadores que anuncian el fin de diversos programas sociales no necesariamente están justificados.
Por otra parte, hay que destacar los criterios adoptados para la repartición. De tal manera, además de la creación de mecanismos para financiar proyectos en el ámbito económico, social y ambiental, también se destina una parte para el pasivo pensional, otra para ciencia y tecnología y una más para fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos utilizados.
Mención aparte merece el nacimiento del Fondo de Ahorro y Estabilización, al cual llegarán hasta un 30 por ciento de las regalías.
A pesar de que la propuesta original del Ejecutivo era más ambiciosa y, de hecho, se queda corta frente a lo que existe en Chile, las realidades políticas impidieron ir más allá. Puesto de otra manera, el proyecto de Acto Legislativo habría podido fracasar, pues a los congresistas no les emociona tanto la idea de guardar para el futuro con el fin de que otros sean los que decidan el gasto.
Precisamente, hay expectativa sobre cómo va a operar el sistema frente lo que se conoce como ‘triángulos de buen gobierno’, que son una especie de comités integrados por representantes de las entidades territoriales y de la administración central.
Son estos los que se van a encargar de aprobar o negar las solicitudes de financiación de proyectos y cuya operatividad será puesta a prueba en unos meses.
Por tal motivo, es de primera importancia la ley que reglamentará el cambio constitucional, cuyo texto debe ser presentado antes de septiembre. En caso de que el Congreso no apruebe la iniciativa en un plazo específico, será el Ejecutivo el que lo podrá hacer por decreto. Debido a ello, hay quienes sostienen que falta una puntada más para saber cómo queda cosido el nuevo traje de las regalías.
En esa labor de confección, hay que darle mucha relevancia al propósito de extirpar las prácticas corruptas que han generado violencia y enriquecido a unos pocos, a costa de las esperanzas de muchos.
Los abusos que se han presentado en Arauca, Casanare, Cesar o La Guajira son la prueba de una oportunidad perdida para toda una generación. Ojalá, ahora que empieza otra etapa, se adopten las disposiciones para que esta importante cantidad de recursos se convierta, ahora sí, en fuente de progreso que contribuya a la equidad social y regional.
