Hace pocos días el presidente Iván Duque designó a la actual viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, como nueva ministra de las TIC, en remplazo de Karen Abudinen, quien renunció en medio del escándalo de Centros Poblados.
El mandatario no solo instruyó vía Twitter a la nueva integrante del gabinete a “apoyar la labor de los organismos de control”, sino también delineó la agenda del ministerio: “sacar adelante los proyectos de conectividad, avanzar en la formación de los 100.000 programadores, llevar internet de alta velocidad al 70 por ciento del país en agosto de 2022 y avanzar en la consolidación de una economía y gobierno digital”.
Son difíciles de cumplir estas tareas para la nueva ministra TIC, teniendo en cuenta que solo quedan poco más de diez meses de gobierno.
A las restricciones de tiempo se suman las dificultades administrativas y jurídicas asociadas a las investigaciones para esclarecer qué pasó con el trámite del contrato de la Unión Temporal Centros Poblados, dónde terminaron los 70 mil millones de pesos que siguen embolatados y hasta dónde se extienden las responsabilidades de la exministra y sus funcionarios en este caso.
De hecho, la trayectoria de Valderrama muestra un importante recorrido por los aspectos jurídicos de la gestión pública y la competencia, y por el ejercicio del control y la vigilancia, en específico en el sector transporte. Su nombramiento refleja que la Casa de Nariño no solo prefirió escoger dentro de la segunda línea del Ejecutivo, sino también privilegió ese conocimiento contractual y jurídico.
Es entendible la apuesta presidencial por una ministra que sepa de contratos, sobre todo ante el crecimiento exponencial de los tentáculos del escándalo. En pocas semanas ya se trata tanto del esquema ilícito para apropiarse del anticipo multimillonario como de los indicios de una trama más extensa y compleja de corrupción que está reviviendo a los peores fantasmas del ‘Carrusel de la contratación’ que asaltó a Bogotá hace una década.
No obstante, a la nueva MinTIC le espera asimismo el reto de llenar el hueco que deja este contrato en la conectividad de 7.000 colegios en zonas rurales.
En otras palabras, más allá del lío jurídico, la brecha digital del campo colombiano es inmensa, como lo reflejó la reciente encuesta TIC del Dane, y necesita un abordaje rápido y efectivo.
Otra consecuencia del escándalo de Centros Poblados fue la parálisis de la agenda digital del país mientras la cabeza del MinTIC luchaba por su supervivencia política.
Más aún, hace mucho tiempo que el sector tecnológico y de telecomunicaciones siente que sus temas y preocupaciones ya no cuentan con la misma prioridad del arranque de la administración. Convertirse en el “Silicon Valley de América Latina” siempre fue más la expresión de un necesario y valioso impulso de avance de una robusta agenda digital y no debe tomarse literalmente.
Pese a ello, este portafolio de medidas venía perdiendo impulso, aún en medio de la creciente urgencia de digitalización por la pandemia. Medidas que van desde la seguridad jurídica de los distintos actores de la economía digital hasta la transformación de normas públicas y procesos empresariales con base tecnológica pasando por remover trabas a la infraestructura.
No recibe la ministra Valderrama un encargo fácil. Ojalá que, junto a clarificar el escándalo de Centros Poblados y responder por la conectividad escolar rural en riesgo, la nueva MinTIC rescate una agenda de transformación digital, vital para el legado presidencial, para los ciudadanos y para la economía colombiana.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
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