En estos días las autoridades de Bogotá discuten el futuro en el corto plazo del sistema de transporte masivo, TransMilenio. El Distrito Capital presentó ante el Concejo de la ciudad un proyecto de “rescate social” que busca cambiar la destinación de unos 1,8 billones de pesos del presupuesto local para programas sociales y para financiar el creciente déficit de los articulados.
El sistema capitalino no es el único en el país con graves problemas financieros. De acuerdo a cifras de la asociación Simus en 2021 se duplicaría el déficit ocasionado por la pandemia en 2020 en los ocho sistemas de transporte masivo del país para superar los 4 billones de pesos.
A la reducción de ingresos por pasajes como resultado de las restricciones de movilidad de las cuarentenas se suman tanto la destrucción masiva de estaciones e infraestructura durante las protestas, en especial en Cali y Bogotá.
Es justo decir que las dificultades económicas de los ocho sistemas-Transmetro (Barranquilla), TransCaribe (Cartagena), Metrolínea (Bucaramanga), Megabús (Pereira), Metroplús y metro(Medellín), MIO (Cali) y TransMilenio (Bogotá)- anteceden a la irrupción del coronavirus y son de índole estructural.
Por ese motivo, la iniciativa de reforma tributaria 2.0 del Gobierno Nacional- al igual que su antecesora- incluyen la financiación de hasta el 50 por ciento del déficit operacional de estas redes de transporte, derivado de los impactos de la pandemia.
La alcaldesa capitalina Claudia López va al cabildo distrital precisamente a asegurar los recursos de la otra mitad del hueco de 2 billones de pesos que hoy amenaza la continuidad del servicio de TransMilenio. Desafortunadamente, los articulados bogotanos han estado por años en medio del pulso político y electoral de la ciudad.
Los bloques de izquierda y centroizquierda locales no solo han esgrimido la bandera de acabar con el sistema-y ganado miles de votos, curules y poder con ese grito contra TransMilenio- sino también han sido pasivos ante la constante destrucción de su infraestructura y activos en cada protesta o manifestación.
En 2021 el 82 por ciento de las estaciones han sido vandalizadas con costos de más de 22 mil millones de pesos. El deterioro del sistema es tanto financiero como operacional y de calidad del servicio.
La infraestructura que otrora fue orgullo urbano es hoy centro de los ataques políticos y físicos. No obstante, TransMilenio continúa siendo hoy el aparato circulatorio de la capital, en especial de los más pobres. Aún cuando en varios años entre en operación la primera línea del metro, la movilidad bogotana seguirá sostenida por un tiempo más por los articulados rojos.
El primer paso para salvar el transporte masivo de la capital no solo es la aprobación de estos recursos de emergencia sino también declarar una “tregua” en el desprecio al sistema.
No son pocos los cambios que requiere TransMilenio, en especial en la normalidad pos-pandemia que probablemente altere los patrones de viajes y de movilidad no solo de Bogotá sino del resto de ciudades grandes del país.
Los sistema de transporte masivo en Colombia necesitan que el Congreso apruebe el salvamento nacional y que las distintas ciudades destinen la otra mitad del rescate. El dilema entre la movilidad y los subsidios a los más vulnerables es falso ya que ambas políticas son indispensables para la reactivación urbana.
Junto a las ayudas, también es momento de abrir la discusión del modelo estructural futuro de estos sistemas en financiación, operación y servicio.