Desde la toma de posesión del presidente Gustavo Petro se ha venido agravando los incidentes de ocupaciones ilegales de terrenos privados a lo largo y ancho del territorio nacional. Este fenómeno implica no solo una grave situación de orden público, que involucra comunidades, grupos étnicos y propietarios, sino una amenaza tangible al derecho de la propiedad privada.
De acuerdo a cifras recientemente divulgadas por la Defensoría del Pueblo hoy unas seis mil familias estarían invadiendo predios rurales. La entidad identificó 108 eventos distribuidos en 26 municipios por 10 departamentos: Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada. Uno de cada tres casos se presenta en territorio caucano- y se extiende al norte vallecaucano- y en poco más del 10% se encontraron vínculos con estructuras y grupos armados ilegales.
La gravedad de esta ola de ocupaciones merece la máxima atención por parte no solo del Ministerio de Agricultura sino de todo el Gobierno Nacional. Es evidente que la naturaleza, las motivaciones y los protagonistas de las invasiones difieren dependiendo de las regiones. Asimismo, las altísimas expectativas que han despertado las promesas de reforma agraria de la administración Petro son esgrimidas, por muchos grupos de invasores, como las justificaciones a estas acciones ilícitas.
Entender las diferencias entre las razones de los ocupantes ilegales debe integrar las soluciones gubernamentales, más no servir de excusa para la inacción. No basta con que altos funcionarios del Ejecutivo den declaraciones de rechazo, el compromiso del gobierno Petro con la protección de la propiedad privada no debe ponerse en duda.
Hasta el momento, ministros y otras cabezas de entidades involucradas no han evidenciado una estrategia conjunta para enfrentar este creciente fenómeno ni unas acciones contundentes para reducirlo y castigarlo. La vacilación ante el derecho a la propiedad privada abriría una peligrosa caja de Pandora, que no se detendría en los predios rurales ni en los departamentos hoy afectados. La propiedad privada es la base fundacional del sistema económico del país y se refleja en campos y ciudades, hogares y empresas, negocios y espacios públicos. Debilitar su máxima protección no se traduciría en un impulso a la reforma agraria que busca el Presidente. Todo lo contrario, como lo han manifestado miembros del gabinete, debilitaría la legitimidad de los cambios propuestos, desordenaría el proceso de ambientar esas transformaciones y minaría el apoyo de otros grupos sociales y económicos.
No hay espacio alguno para la ambigüedad del Estado en cuanto a las invasiones ilegales de terrenos y predios privados. Tampoco debe existir vacilaciones dentro de los distintos agentes de la economía -como gremios, analistas y sectores productivos- para manifestarse a favor de la defensa de este principio básico y cimiento del mercado. Que hoy las violaciones a la propiedad se den en los ámbitos rurales no garantiza que, el día de mañana, las ocupaciones se den en predios urbanos, en espacios públicos y demás.
La situación es tan compleja e impredecible que, en el caso específico del Cauca, se han registrado conflictividades entre distintos grupos étnicos como indígenas y afrocolombianos. El Gobierno no puede permitir que la violencia se tome alguno de estos incidentes para decidir elevar la dureza y la claridad de su intervención. Es el momento de actuar en defensa de la propiedad privada.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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