La Asamblea de la Andi –que comienza hoy en Cartagena– es un excelente escenario para analizar el entorno económico, social y político del país.
A diferencia de hace un año, no se ve un panorama de marcado optimismo, sino que empieza a percibirse una mayor incertidumbre. Sin duda, Colombia no es ajena al impacto de la crisis internacional, y ya se perciben dificultades en los sectores agropecuario y manufacturero.
No obstante, vale la pena tener en cuenta que persisten condiciones favorables para la inversión: un entorno macroeconómico estable y unas finanzas públicas relativamente equilibradas; una política de internacionalización e integración internacional; empresarios que miran más allá del mercado interno y prueban suerte en el exterior; y, lo más importante, avances en lo social.
¿Cómo hacer, entonces, para aprovechar las oportunidades de Colombia como una economía emergente con alto potencial y, simultáneamente, superar las dificultades propias de la coyuntura? ¿De qué manera pueden, conjuntamente, sectores público y privado retomar una senda de alto crecimiento?
¿Qué hacer frente a un contexto mundial que no logra despejarse? ¿Dé qué forma sacarle partido a la bonanza mineroenergética? ¿Cómo beneficiarse de las oportunidades y evitar los riesgos que conllevan los tratados de libre comercio?
¿Qué se necesita para mantener el ambiente de confianza y seguridad? ¿Cuál es la fórmula para que el desarrollo previsto se irrigue a toda la sociedad? Estos temas serán objeto de discusión en la cita anual del sector empresarial.
Ojalá tenga lugar un llamado de atención para que el pesimismo sea puesto en retirada.
No hay que olvidar que, a pesar de la desaceleración, el crecimiento se compara muy favorablemente con el observado en otros países de la región, y más aún en las economías desarrolladas.
Dicho lo anterior, no se pueden olvidar las metas de largo plazo. Hay que hacer un ejercicio sobre lo que se requiere para que el PIB del país pueda tener incrementos superiores al 7 por ciento anual.
Esto implica aprovechar bien los recursos de las regalías, contar con una política monetaria, tributaria y fiscal amigable con el crecimiento y la inversión, y consolidar las alianzas público-privadas.
Especial atención merece el ramo mineroenergético. Este es un sector que lleva cuatro años creciendo a tasas de dos dígitos y cuya participación en la economía pasó del 8 al 14 por ciento entre el 2000 y el 2011, con exportaciones superiores a 36.000 millones de dólares y que aportará cerca de 90 billones de pesos en tributación hasta el final de la década.
La experiencia de países como Noruega, Canadá, Australia o Chile, que han logrado crear una estrategia de encadenamientos con empresas competitivas en cada eslabón, muestra que es posible irrigar la bonanza.
Con respecto al comercio exterior, a partir del 15 de mayo, el TLC con Estados Unidos es una realidad.
La integración con la economía más grande del mundo era un objetivo nacional desde hace más de ocho años y hacia él dirigieron sus esfuerzos gobierno y empresarios.
Ahora, la tarea es aprovechar las oportunidades que tiene el país al contar con acceso a un mercado de más de 300 millones de personas. Para ello, el Ejecutivo tendrá que acelerar los proyectos de infraestructura y ejecutar la agenda de competitividad, así como renovar sus baterías para luchar contra la apreciación del peso.
A su vez, el sector privado se verá obligado a desarrollar y mantener altos estándares de productividad, a través de la innovación.
Si el país logra mantener una senda de altos crecimientos competitivos durante varios años, es posible creer que los términos ‘prosperidad’ y ‘desarrollo’ pasen a ser parte de nuestra realidad.
Pero, para cumplir con ese sueño, hay que comenzar con un buen número de tareas pendientes. Es de esperar que los empresarios asuman la parte del reto que les corresponde en esta materia.
Ricardo Ávila Pinto