El pasado viernes, en el municipio bolivarense de Turbaco, se llevó a cabo el primero de los 50 ‘diálogos regionales vinculantes’ que lanzó el presidente de la República Gustavo Petro. En su primera alocución el primer mandatario convocó a los ciudadanos a estos espacios para que “millones hagan la ley del Plan Nacional de Desarrollo” y explicó la metodología “diseñada para que los funcionarios del Gobierno Nacional escuchen a la ciudadanía y tomen nota de sus propuestas”.
El presidente Petro fue incluso más allá en su compromiso participativo: estas peticiones ciudadanas “serán analizadas por el gabinete en su conjunto y, finalmente, serán incluidas como un mandato soberano dentro del Plan Nacional de Desarrollo”. Ya en administraciones pasadas el Ejecutivo se ha embarcado en estrategias para conocer las necesidades territoriales de primera mano, dialogar con los ciudadanos sobre ellas y tratar de incorporarlas al conjunto de políticas públicas, proyectos e iniciativas de gobierno.
No está en discusión que las realidades territoriales deben constituir un crucial insumo en el ejercicio de la planeación y que las decisiones desde escritorios en Bogotá enfrentan frecuentemente escollos en su implementación desde lo local. Los retos de estos importantes esfuerzos por profundizar la participación son difíciles y complejos. El director del Planeación Nacional, Jorge Iván González, a cargo de la metodología, identificó hace unos días uno de esos desafíos conceptuales con total claridad: “Esta dinámica será exitosa si se reconoce que todo proceso de elección colectiva lleva a elecciones subóptimas”.
Es tranquilizador que la cabeza metodológica del ejercicio de ‘Diálogos Regionales Vinculantes’ exprese con visión ecuánime la dificultad de trasladar esa diversidad, multiplicidad y heterogeneidad de preferencias individuales y locales en un conjunto de proyectos e iniciativas dentro del Plan de Desarrollo. No obstante, la necesidad política del presidente Petro en el manejo de las altas expectativas sociales parece estar en curso de colisión con la realidad pragmática de un ejercicio de planeación de este alcance.
Un segundo aspecto es el de la integración del programa de gobierno que ganó en las urnas con las distintas demandas territoriales que saldrán de los 50 escenarios de diálogo. En su alocución el primer mandatario definió prácticamente el objetivo general del Plan y sus ejes: “Una paz total, construida sobre fuertes bases de Justicia Social, Justicia Económica y Justicia Ambiental”. Será entonces clave la claridad para discernir en qué casos o cuáles serán las agendas o proyectos regionales que no superen el corte del documento final. Por ejemplo, en el diálogo inaugural de Turbaco ya surgió la propuesta de una “agencia del agua”.
En tercer lugar, todo esfuerzo participativo requiere una estrategia comunicativa que, a pesar de la dificultad de traducir lo individual y local en regional y colectivo, embeba de legitimidad política, racionalidad técnica y responsabilidad fiscal al ejercicio. El manejo de las expectativas y las demandas no le corresponde únicamente a Planeación Nacional, sino también incluye a los altos funcionarios del Gobierno Nacional, incluyendo al presidente de la República.
Los técnicos del DNP no pueden terminar convertidos en los ‘villanos’ a cargo de mantener los pies en la tierra y de tramitar la heterogeneidad de las preferencias, frente a unos ‘políticos’ que alimentan las esperanzas de los participantes. Por último, esta invitación al pragmatismo cobra más fuerza en medio de un escenario fiscal de recursos limitados y la inevitable urgencia de escoger prioridades dentro de ese documento final.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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