Se trata de la hoja de ruta de los próximos cuatros años. Así podría resumirse el proyecto de plan de desarrollo de la administración Duque, cuyas bases fueron presentadas ayer en Bogotá. Con el nombre de ‘Pacto por la equidad’, la iniciativa comienza su proceso formal de debate y socialización, antes de ser llevada al Congreso en febrero para que en los siguientes tres meses este expida la ley correspondiente.
Aunque el proceso legislativo es clave porque permite incluir disposiciones orientadas a allanar el camino de múltiples políticas gubernamentales, por ahora vale la pena mirar los lineamientos. Estos tienen conexión con los objetivos de desarrollo sostenible aprobados en el marco de las Naciones Unidas, que buscan consolidar los avances registrados en el planeta durante los primeros 15 años del presente siglo.
Sin duda, lo más llamativo en el documento presentado durante la víspera es la interesante ecuación según la cual una mejora en la equidad es resultado de la combinación de emprendimiento y legalidad. Ello implica la utilización de estrategias transversales que van desde sostenibilidad hasta igualdad de la mujer, pasando por construcción de paz y transformación digital. También hay un enfoque regional, con énfasis específicos para diferentes zonas del territorio nacional.
El enfoque conceptual combina el objetivo de extender la presencia del Estado en los diferentes rincones del país con la de fortalecer los mecanismos para que florezca la iniciativa privada. Quien le quiera poner un remoquete ideológico encontrará elementos evidentemente liberales, con raíces en la Inglaterra de mediados del siglo XIX.
No obstante, la atención de los observadores se centra en los números. El programa de inversiones, tasado en 1.100 billones de pesos, busca subir el techo del crecimiento potencial de la economía del 3,3 al 4,1 por ciento anual. Dos metas centrales son reducir la pobreza en seis puntos, hasta el 21 por ciento, y crear 1,6 millones de empleos adicionales a lo largo del cuatrienio.
Del monto señalado, dos terceras partes son recursos públicos. Algo menos de la mitad –32,1 por ciento– saldría del presupuesto nacional, mientras que el sistema general de participaciones aportaría 15 por ciento adicional y los entes territoriales 12 por ciento. Dada la manera en que funcionan las cosas, el mayor grado de certeza en la ejecución corresponde a lo que haga el Gobierno central, que debe aplicarse para no desviarse de la senda.
Los críticos señalarán que a diferencia de otras ocasiones no hay sectores líderes identificados, quizás con la excepción de la agricultura cuyo tonelaje producido, en el caso de las cadenas priorizadas, subiría en cerca de 20 por ciento. De hecho, un segmento tradicional como el minero- energético vuelve a estar en el foco de los más dinámicos, con dineros que ascenderían a casi 98 billones de pesos hasta el 2022.
A su vez, hay un elemento de continuidad en ramos tales como la infraestructura, sin llegar a profundizar esquemas que partieron del uso de las vigencias futuras o de las asociaciones público privadas de iniciativa privada. Por otro lado, falta una buena cantidad de objetivos precisos que más allá de una línea base, se encuentra en la categoría del ‘por definir’.
En último término, hay un mensaje de mejora en la calidad de la gestión pública. El éxito de los preceptos del pacto por la equidad está relacionado con la capacidad de los funcionarios de hacer bien su trabajo, algo que tendría un mayor índice de éxito si la politiquería y la repartición de la conocida mermelada brillan por su ausencia.
Lo anterior no quiere decir que los obstáculos que vienen sean de orden menor. Para comenzar, el desafío principal que plantea el nuevo plan de desarrollo es el mismo que han encontrado sus predecesores: cumplirlo.