Ricardo Ávila
Editorial

A medio camino

El Conpes para atender a los inmigrantes venezolanos es un avance importante, pero con las restricciones fiscales, deja varios interrogantes.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
noviembre 28 de 2018
2018-11-28 09:23 p.m.
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A nadie escapa que uno de los principales retos que enfrenta el país es el manejo de la masiva migración venezolana. Recibir más de un millón de inmigrantes constituye un desafío formidable para cualquier economía, y más para una como la nuestra que atraviesa una compleja encrucijada fiscal. Por eso había tanta expectativa sobre la política del gobierno Duque para enfrentar el problema, que finalmente fue presentada por el presidente el fin de semana pasado.

El documento Conpes ‘Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela’ tiene aciertos importantes, pero a la vez deja varios interrogantes. Una de las cosas relevantes que arroja su lectura es la magnitud de lo que ha hecho el Estado colombiano, tanto en el gobierno anterior como en el presente, para encarar un fenómeno que nadie esperaba. El número de inmigrantes venezolanos se ha quintuplicado en los últimos 16 meses, hasta llegar a más de un millón en septiembre de este año. A ello se suman más de 40.000 personas que cruzan la frontera y regresan cada día para buscar atención a sus necesidades básicas, y cerca de 250.000 colombianos que han retornado al país.

Ante semejante avalancha, desde el 2017 el Gobierno ha creado distintos mecanismos de regularización y control. Ese es el caso del Permiso Especial de Permanencia para la población que entró de manera regular al país, y el Registro Administrativo para Migrantes Venezolanos, que se ha convertido en la puerta hacia la regularización de quienes ingresaron de forma irregular. Además, desde el Gobierno Central se han propuesto varias estrategias para buscar que los migrantes accedan a servicios como los de salud, educación y ayuda humanitaria, que hasta el momento han sido provistos principalmente por las autoridades locales, con múltiples restricciones.

Sin embargo, una cosa es lo hecho hasta ahora, en medio del apremio de lo imprevisto, y otra lo que hay que hacer en adelante para garantizar la atención y formalización de una migración que sigue en aumento. El documento Conpes hace un inventario de la oferta institucional con que cuenta el Estado para atender necesidades en salud, educación, primera infancia e inserción en el mercado laboral, identificando sus alcances y limitaciones para enfrentar un fenómeno de este tamaño. Esta revisión deja en claro que el manejo del problema requiere de estrategias y recursos adicionales a los que se han usado hasta el momento.

Y es justo en ese punto donde el documento deja más preguntas que respuestas. Las políticas recomendadas enfatizan el uso de recursos existentes, que ya son insuficientes en varias de las dimensiones a atender. En el caso de la salud, se propone brindar asistencia para aumentar la afiliación de los inmigrantes al sistema de aseguramiento, que ya está desbordado, mientras que para educación sugiere identificar la oferta regional disponible para después comunicarla a los migrantes. Esa clase de estrategias suenan bien desde la perspectiva de asignar recursos escasos, pero no resuelven los inmensos problemas que enfrentan muchos mandatarios locales, cuya capacidad ha sido superada por la inmigración.

Esta aproximación no solo subestima la magnitud del fenómeno, sino que, además, tiende a subvalorar el costo que tiene para el país. Llama la atención que el documento calcule un costo total de la política de alrededor de 422.000 millones de pesos para los cuatro años de la administración Duque, mientras entidades como Fedesarrollo han estimado que la atención migratoria puede costar el doble de esa suma en solo en un año. Más llamativo aún resulta que el origen de los recursos no esté claro. El documento señala que las entidades involucradas gestionarán y priorizarán los recursos necesarios, y les recomienda al Ministerio de Hacienda y a la Cancillería evaluar alternativas de financiación.

Este Conpes constituye un avance importante para identificar los alcances y las limitaciones de la actual oferta institucional para atender los inmigrantes venezolanos. Sin embargo, su énfasis en suponer que un evento extraordinario se puede atender con la oferta institucional existente, y los interrogantes que ello deja sobre el costo total de la política y cómo financiarla, constituyen más inquietudes que certezas en medio de las actuales restricciones fiscales.

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