A juzgar por la seguidilla de titulares, los bogotanos no pueden salir de su casa. Tras la noticia sobre las heridas a bala que sufrió una señora embarazada en un atraco, llegó la del conductor de Uber asesinado el fin de semana, la del estudiante de colegio que perdió la vida en el robo de su bicicleta, la del restaurante en donde se llevaron un costoso reloj o la del edificio de oficinas asaltado.
La sensación de inseguridad se ve acentuada por la existencia de las redes sociales. Pululan los videos en los que se ven delincuentes atacando a personas desprevenidas, al igual que las cadenas de Whatsapp con conversaciones que hablan de supuestos ataques terroristas o del peligro de ir a lugares públicos. Debido a la presión popular, la alcaldía capitalina decidió restringir al ‘parrillero’ hombre en las motos, una medida que regirá por tres meses.
Aunque hay un pico en el cubrimiento que hacen los medios de comunicación, el tema no es nuevo y aparece dentro de las preocupaciones de la gente desde hace años. Según las encuestas, la inseguridad se ubica entre aquellos asuntos que la ciudadanía considera que empeora, junto a la corrupción, la calidad de los servicios de salud o la situación de la economía.
Por su parte, las estadísticas oficiales son elocuentes. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el hurto a personas subió 16 por ciento en el 2017, con más de 150.000 casos reportados. El gremio de las compañías de telefonía celular señala que el año pasado se robaron cerca de 1,2 millones de aparatos móviles en el territorio nacional, el más elevado de América Latina.
Curiosamente, el arranque del 2018 no pinta tan mal, según las estadísticas gubernamentales. Un reporte con corte al 29 de enero muestra una disminución en todas las categorías de delitos, comenzando por el homicidio.
Por tal motivo, no vale la pena enfrascarse en el debate sobre si el deterioro en las percepciones tiene asidero en la realidad o no. Lo que importa es reconocer que hay un desafío enorme en materia de seguridad, el cual requiere políticas que se concentren en lo estructural para así conseguir avances concretos en la lucha contra el crimen.
Lo primero son los instrumentos de contención que están relacionados con el pie de fuerza y las herramientas tecnológicas. El número de efectivos de la Policía Nacional ha aumentado de manera importante en lo que va del siglo, al superar 170.000, 50 por ciento más que al inicio del siglo.
A pesar de ello, la distribución espacial de los uniformados es objeto de debate. El alcalde bogotano Enrique Peñalosa ha señalado que la proporción de 234 policías por cada 100.000 habitantes con que cuenta la metrópoli es inferior al estándar de 300 recomendado por la ONU, y se encuentra muy por debajo de los 600 de Bucaramanga, Tunja o Popayán. De igual manera, las cámaras de seguridad se distribuyeron en otras capitales y solo hasta ahora se ha tratado de cerrar esa brecha.
Por otro lado, hay un problema con la legislación. La colcha de retazos de la normatividad penal deriva en verdaderas aberraciones, como la de no castigar la reincidencia. Esa especie de puerta giratoria que permite que un ladrón que sea capturado salga a delinquir a los pocos días, rompe la proporcionalidad entre crimen y castigo y genera incentivos perversos, con los efectos a la vista. Como si lo anterior fuera poco, la efectividad de la justicia deja mucho que desear.
Debido a ello, se requiere una aproximación integral al problema. Si bien las autoridades pueden mostrar éxitos al lograr poner tras las rejas a los autores de los casos más sonados, todavía no se desata el nudo gordiano. Y sería bueno que las soluciones se den más temprano que tarde, sin tener que esperar a la llegada de un nuevo gobierno que proponga correctivos para una crisis que no da más espera.
