Ricardo Ávila
Editorial

De alquilar balcón

Para que pueda ser realidad el presupuesto de inversión al que aspira el Gobierno, el recaudo de impuestos tendría que subir mucho.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
septiembre 20 de 2018
2018-09-20 09:01 p.m.
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A pesar de que el calendario avanza, el Gobierno sigue sin destapar sus cartas con respecto al presupuesto nacional del 2019 y el proyecto de ley de financiamiento que contendrá los cambios en materia tributaria. Dadas las restricciones de calendario que exigen las normas y las dinámicas propias de los tiempos parlamentarios para que todo quede listo cuando toca, es de suponer que faltan pocos días antes de que se conozcan, tanto las propuestas de modificación a diferentes partidas de gasto, como a los impuestos.

Sin embargo, comienza a surgir una fotografía que permite vislumbrar la imagen que tiene en mente la administración Duque. Aunque todo puede variar hasta la última hora, de unos días para acá se han repartido documentos que dan pistas con respecto a lo que viene, al menos en materia presupuestal.

De acuerdo con esos papeles, tendría lugar una fuerte redistribución en los principales capítulos. Si bien el Congreso ya aprobó el monto total de las erogaciones del año que viene, las cuales quedaron en cerca de 259 billones de pesos, sus componentes tendrán diferencias radicales con la versión que fue radicada cuando Juan Manuel Santos todavía era presidente.

El énfasis del Ministerio de Hacienda se ha concentrado en reforzar el monto asignado a la inversión pública. En el proyecto original, esta caía a 35 billones de pesos, lo que equivale a un descenso de 9 por ciento respecto a la cifra del presente año. Dicha suma, según lo dicho por Alberto Carrasquilla, no alcanzaba para pagar los programas que vienen en curso, ni mucho menos las promesas de campaña del actual Presidente. Cuando cada cartera hizo requerimientos adicionales después del 7 de agosto, la cuenta ascendió a 25 billones, lo que sirvió para decir que había un hueco de esa magnitud.

Las diferentes solicitudes acabaron siendo estudiadas con lupa y finalmente se llegó a un nuevo total. Así, la inversión ascendería a 45,28 billones de pesos lo que representa un salto del 16 por ciento con respecto al ejercicio actual y del 28 por ciento frente a lo que se planteó a finales de julio. Entre las áreas que saldrían beneficiadas están transporte, vivienda, inclusión social, educación o defensa, entre otras.

No obstante, en las sumas y restas definitivas aparece que cuando se engloban funcionamiento e inversión, el monto pasa de 192,6 a 205,5 billones de pesos. Puesto de otra manera, ambos capítulos se llevarán casi 13 billones de pesos más que en un comienzo.

Aunque habrá tiempo para hacer un examen sobre ganadores y perdedores, los observadores se han detenido en mirar de dónde saldrían los fondos para el aumento en cuestión. En las reuniones sostenidas con parlamentarios, los integrantes del equipo económico señalan que algo más de una tercera parte –4,4 billones– saldría de reprogramar el pago de las amortizaciones de la deuda pública. El resto –8,6 billones– vendría de lo que genere la redistribución de las cargas tributarias.

La cantidad mencionada equivale a algo menos de un punto del Producto Interno Bruto, lo cual no parece ser un esfuerzo descomunal. Aun así, los conocedores señalan que esa proporción superaría lo que generó la reforma tributaria del 2016 que tanto malestar causó en la ciudadanía.

Una discusión más técnica sostiene que así se pueda cuadrar el presupuesto, el déficit fiscal sería mayor, con lo cual se incumpliría la meta fijada por la regla fiscal. Bajo esa óptica, los gravámenes adicionales deberían subir los recaudos en más de 12 billones para mantener la casa en orden.

Eso no será fácil de digerir. Sobre el papel, la manera de conseguir la plata es ampliar la base del IVA, pero la viabilidad política de la idea es poca, pues ni siquiera el Centro Democrática la apoya. Por eso se dice que los debates que vienen serán para alquilar balcón.

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