Que las EPS el año pasado hayan tenido pérdidas en su operación por cerca de 1,1 billones de pesos y que, por su parte, los hospitales registraran utilidades por 2,4 billones de pesos, de acuerdo con los balances que presentaron a la Superintendencia Nacional de Salud, es una información que amerita algo más que una mirada al tenor de una formalidad anual. Porque no basta saber que unos pierden y otros ganan, sino que de entrada tales resultados deberían servir de insumo para aclarar, de una vez por todas, las enigmáticas cuentas del sector. Especialmente clave sería seguirles la pista a los recursos, con el fin de que algún día se sepa, al menos, quién le debe a quién.
Lo cierto es que el informe de las autoridades da cuenta de que las EPS no logran enderezar sus resultados. Los saldos en rojo bordean el billón de pesos desde hace ocho años y las que hoy presentan alguna ganancia, lo han conseguido a punta de concentrarse en las áreas de menor riesgo, mientras controlan costos al máximo y buscan eficiencias permanentemente.
Las cifras contables, debidamente auditadas, muestran que la creencia popular de que aquí hay un puñado de entidades que se enriquecen a costa de las penurias de los usuarios, no tiene fundamento. Parafraseando la conocida expresión, lo que queda claro es que la salud no es un negocio para los socios de las EPS, que en varios casos han perdido el capital que invirtieron originalmente. Aquí también hay que decir que las del régimen subsidiado llevan la peor parte, con un déficit de 928.000 millones de pesos, que amerita una mirada urgente por el impacto que tales números tienen en la calidad del servicio que se presta a la población más vulnerable.
Pero también los balances permiten especular sobre las grandes diferencias que hay en la calidad de la administración empresarial al observar que las condiciones, jurisdicción y tipo de servicios que tienen algunas de las que van mejor, son similares a las que están en problemas, lo cual no puede achacarse exclusivamente a un asunto de reservas. En otras palabras, los buenos modelos de gestión, se ponen en evidencia con las cifras en negro.
No obstante, la comparación más significativa es la que se hace con los hospitales, porque siempre se ha dicho que son estos los que se encuentran al borde del colapso, debido a las deudas que no se recaudan. De hecho, la expresión “crisis hospitalaria” aparece en los titulares de la prensa colombiana desde hace rato.
De ahí que no deja de llamar la atención que en el consolidado, la clínicas privadas entreguen un parte de solidez financiera. Incluso las pérdidas que registra el 20 por ciento de ellas no sobrepasan 360.000 millones de pesos, números muy distantes de las billonarias cantidades que manifiestan como carteras casi perdidas. Dicho de otra forma, así sea en los balances publicados, las IPS muestran ganancias, lo que significa que sus cuentas por cobrar, siguen vigentes.
Por supuesto que nadie pone en duda que hay atrasos serios en los pagos, pero ante las astronómicas cifras pendientes, que bordean los 11 billones de pesos, surgen otras inquietudes. Los interrogantes tienen fundamento y antes de que se conviertan en suspicacias, resulta mandatorio que los análisis pasen de las palabras a una radiografía veraz, que debe comprender los estados de cuenta entre deudores y acreedores y así quitar este gran palo en la rueda, que no deja avanzar al desvencijado ramo sanitario.
Aquí no sobra aclarar que los datos también deberían ser aportados por los hospitales públicos, para poder tener un panorama más amplio sobre esta situación. Y es que para algo tiene que servir la publicación de los estados financieros que hace la Supersalud, en cumplimiento de una norma. Sobre todo para tomar decisiones. Es lo menos que se puede pedir.
