Cuando los expertos hablan del problema de la informalidad en Colombia, salta a la vista que nuestra situación no es la única en el mundo. Un reporte de la Oficina Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra (Suiza), resaltó la semana pasada que, en materia laboral, unos 2.000 millones de personas en el planeta desempeñan diariamente todo tipo de oficios sin estar contratados de acuerdo con las normas que establecen las leyes en sus respectivos países.
Dicha proporción –61 por ciento del total de trabajadores– es similar a la que existe en el territorio nacional: 60,6 por ciento, de acuerdo con el mismo informe. Tal vez lo único destacable en nuestro caso es que la cifra viene en descenso, pues al comenzar la presente década estábamos unos cinco puntos porcentuales más arriba. Aun así, hay elementos que inquietan, pues el más reciente informe del Dane mostró que el empleo asalariado dejó de crecer hace unos meses, lo cual es un campanazo de alerta.
Más allá de las lecturas puntuales, el mensaje central es que la informalidad es un problema que merece ser atacado. Aparte de lo que sucede en el terreno laboral está el caso de las empresas de hecho, que no se encuentran registradas, o de las actividades en las que no se recaudan impuestos, como sucede con aquellos negocios que operan sin factura para eludir el cobro del IVA. En la cuenta, claro está, hay que incluir a la ilegalidad, que comprende al narcotráfico o ciertos tipos de minería, entre otros.
Para englobar todos los renglones de este asunto, los especialistas optan por el término ‘economía subterránea’, la cual está presente las más diversas latitudes, incluyendo a sociedades desarrolladas como Estados Unidos, Suecia o Japón. Lo que nos distingue, sin embargo, es el tamaño de la misma, calculado por Anif en 35 por ciento del Producto Interno Bruto para el 2012. Dicha tasa sería menor a la de comienzos del siglo, aunque ahora hay dudas sobre si ha seguido disminuyendo o no.
Los elementos que explican el importante volumen de aquello que está por debajo del radar de las autoridades son varios. Aparte de lo que pasa en el ámbito laboral, se encuentra lo que sucede en el sector privado, pues 54 por ciento de las pequeñas y medianas empresas no tienen sus papeles en regla, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. La misma entidad afirmó en la exposición de motivos de la reforma tributaria, aprobada en el 2016, que la evasión asciende al 27 por ciento, en el caso del impuesto de renta, y al 23 por ciento en lo que atañe al IVA.
Mención aparte merece la ilegalidad, que en 1985 habría sido equivalente al 2,7 por ciento del PIB. Aquí no solo está representado el narcotráfico, sino la entrada de divisas por exportaciones irregulares y los ingresos no declarados ante la Dian. Anif considera que para el 2012 esa cifra habría disminuido al 1,9 por ciento, aunque es muy posible que un cálculo más actualizado daría un valor mayor, teniendo en cuenta el significativo aumento observado en los cultivos de coca.
Sea como sea, la economía informal es mucho más grande, con un peso cercano al 95 por ciento de la subterránea. Dicho de otra forma, el planteamiento que ha hecho el Presidente electo en el sentido de apretarle las clavijas a lo que se realiza a escondidas en Colombia, necesita una política general destinada a combatir la informalidad, aparte de lo que se haga para perseguir el crimen.
Una de las opciones que plantean los conocedores es quitarle estímulos al uso del efectivo, que es particularmente elevado en nuestro caso, estimulado, en parte, por la presencia del gravamen a los movimientos financieros. Impulsar los medios de pago electrónicos, usar el big data y fortalecer a la Dian, son tres opciones que deberán estar en la agenda para sacar a la luz ese tercio de la economía colombiana que está bajo la superficie.
