Ricardo Ávila
Editorial

El camino alternativo

En lugar de un proyecto usual de reforma tributaria, el Gobierno optó por la opción de una ley de financiamiento, la cual tiene sus bemoles.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
septiembre 16 de 2018
2018-09-16 07:20 p.m.
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No le quedan muchos días al Gobierno antes de que el calendario le obligue a destapar plenamente sus cartas en materia económica frente al Congreso. Más allá de los elementos que han entregado tanto el Presidente como el Ministro de Hacienda en las asambleas gremiales con respecto a la que se planteado como una estrategia integral orientada hacia la reactivación, aquí se aplica ese máxima según la cual ‘el diablo está en los detalles’.

Y esos detalles tienen que ver con dos temas relacionados. El primero es el presupuesto nacional del 2019, que será sometido a una serie de profundas modificaciones con el fin de reflejar las promesas de campaña y acomodar las prioridades de la nueva administración, tamizadas por el cedazo de la realidad.

Lo que se sabe es que viene un fuerte recorte en gastos generales que podría llegar a ser del 10 por ciento. El tijeretazo comprendería la adquisición de bienes y servicios, viajes, viáticos, mantenimiento y contratación de personas. El cálculo es que por cuenta del apretón se podrían liberar recursos por algo más de un billón de pesos.

Por otro lado, se sabe que viene una reprogramación del servicio de la deuda, que en el plan original crecía mucho. Si en lugar de cancelar los bonos que se vencen en el 2019, se expiden nuevos títulos, quedará espacio para subir las partidas de inversión.

De cuánto será ese margen es algo que está por verse. En sus pronunciamientos, el Ejecutivo logró que la opinión tenga en mente que hay un agujero de 25 billones de pesos, que sale de las sumas adicionales que definieron los ministerios después del 7 de agosto. Técnicamente, ese faltante no es de tal magnitud, pues para utilizar la analogía una cosa es lo que los niños piden cuando hacen su carta dirigida al Niño Dios y otra lo que les regalan los papás.

Puesto de otra forma, sería insólito que los seis billones más que demandaron las Fuerzas Armadas o la idea de incrementar sustancialmente los fondos para Familias en Acción recibieran luz verde. Aceptando que hay carteras que merecen un refuerzo, aquí es obligatorio aplicar el principio de la selectividad. Puede ser que la Fuerza Aérea considere que hay que salir a comprar aviones de combate por motivos de seguridad nacional, pero hay prioridades de prioridades.

Durante la reunión de Confecámaras, la semana pasada, el propio Iván Duque reconoció que algunas iniciativas no se podrán llevar a cabo. Aunque los números están por conocerse, el punto central es que viene una reasignación de partidas y también un cambio de fuentes en los ingresos proyectados.

Por tal motivo, habrá modificaciones en la parte tributaria. La diferencia con lo que se hace tradicionalmente es que en lugar de una reforma concentrada en los impuestos, el Gobierno prefirió el camino de una ley de financiamiento.

Esta senda se encuentra avalada por la Constitución y fue usada un par de veces durante la época de Juan Manuel Santos. En un fallo emitido por la Corte Constitucional, tras una demanda a la Ley 1739 del 2016, el tribunal dijo que se pueden hacer cambios que vayan más allá de la vigencia del presupuesto.

Desde el punto de vista operativo, esta opción es más expedita, pues el debate involucra a las comisiones Tercera y Cuarta de Senado y Cámara, por lo cual no requiere de mensaje de urgencia. El problema es que introduce cierta rigidez, ya que los ingresos complementarios deben estar atados a partidas de gasto específicas.

No deja de ser irónico que en su momento el Centro Democrático se opuso a esta alternativa. Siendo senador, Iván Duque afirmó en un trino que “el Gobierno configuró reforma tributaria en una ley de financiamiento, ignorando competencia de las comisiones terceras (sic)”. Una cosa es estar en el Capitolio y otra estar en la Casa de Nariño.

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