El puente festivo que acaba de pasar les sirvió a millones de colombianos para recargar baterías, pero en lo que atañe a los altos círculos del Gobierno no hubo descanso. A lo largo del fin de semana, el presidente Juan Manuel Santos informó sobre la prórroga del plazo para la dejación de armas de las Farc por 20 días y el alargamiento de la duración de las zonas veredales de transición por dos meses. El mandatario también firmó una veintena de decretos –con base en facultades extraordinarias– que tratan diversos aspectos de la implementación de los acuerdos de paz.
Los anuncios de la Casa de Nariño no sorprendieron a nadie. Los retrasos en la implementación de lo pactado con la guerrilla en temas de desarme, infraestructuras, desarrollo normativo y justicia son inocultables. Las quejas van desde la logística y las instalaciones físicas, hasta la lentitud en la redacción de los textos normativos que, en ocasiones, han debido ser retirados a la espera de una revisión adicional.
Como si fuera poco, el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el mecanismo conocido como fast track generó mucha incertidumbre dentro de las partes. Tras el cambio de un buen número de magistrados, el máximo tribunal demolió dos piedras angulares del Proceso Legislativo Especial para la Paz: que los congresistas no pudieran modificar los textos propuestos por el Gobierno en el Capitolio y la obligación del voto en bloque de los mismos. En otras palabras, la complejidad de los puntos pendientes –reforma política o de tierras, entre otras– alargará las discusiones parlamentarias y retrasará los trámites de las leyes.
Ante lo sucedido, no es exagerado afirmar que estos seis meses iniciales tras la firma de los textos negociados en Cuba han develado un preocupante grado de improvisación en las áreas pertinentes del Ejecutivo. La etapa de las conversaciones resultó ser tan larga, que más de uno se ilusionó con la idea de que la hoja de ruta estaba definida, incluyendo la designación de responsables que entendían el tamaño del reto. Sobre el papel, el calendario era lo suficientemente amplio para llegar con un paquete de proyectos que abarcara el universo de lo consensuado. En la práctica, sucedió que la criatura nació sin que nadie se acordara de que era necesario tener la ropa lista para vestirla.
Estos retrasos y confusiones en la implementación no han pasado desapercibidas para la opinión pública. Las encuestas reflejan el creciente pesimismo de los ciudadanos sobre el rumbo que han tomado los acontecimientos. Por ejemplo, en el más reciente Gallup Poll, 57 por ciento cree que la implementación va por mal camino, un alza de 14 puntos frente a diciembre pasado. Como si eso fuera poco, dos de cada tres personas consideran que las Farc no cumplirán lo pactado.
El ciudadano del común no es el único que está viendo con creciente escepticismo la marcha de los acontecimientos. Las empresas e inversionistas leen los retrasos y demoras en clave de incertidumbre. Los interrogantes y las especulaciones que se hacen en materia de impuestos o de entorno político, desembocan en la congelación de múltiples decisiones que llegan hasta el freno de eventuales inversiones. Debido a esa situación, es creciente el número de analistas que considera que el famoso ‘dividendo de la paz’ tomará más tiempo del que se creía en hacerse efectivo, suponiendo que el Estado tiene éxito en contener a los actores violentos que buscan ocupar el espacio dejado por las Farc.
No se trata de desconocer el enorme y complejo desafío que el acuerdo con ese grupo implica. Sin embargo, apoyar el proceso de paz con la guerrilla no puede traducirse en una ausencia de crítica ante los impactos políticos, económicos y sociales de los retrasos. Gerencia y buena comunicación son todavía dos asignaturas pendientes. Otra vez se demuestra que negociar y acordar no es lo mismo que ejecutar y avanzar.
Editorial
El dividendo se demora
Apoyar el proceso de paz con la guerrilla no puede traducirse en una ausencia de crítica ante los impactos de los retrasos.
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Ricardo Ávila
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