Ricardo Ávila
Editorial

El gran desafío

Colombia tiene que enfrentar enormes retos antes de lograr el crecimiento inclusivo propio de países desarollados.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
noviembre 27 de 2018
2018-11-27 09:38 p.m.
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Construir una sociedad que ofrezca igualdad de oportunidades a sus miembros para participar de los beneficios del crecimiento económico. Esta premisa, que da muestras de lo que debería ser el desarrollo de un país, forma parte de la meta de largo plazo establecida en un documento que la Secretaría de la Ocde le entregó al Gobierno colombiano unos días atrás. El propósito es conformar una alianza para lograr precisamente este objetivo, con base en los análisis técnicos y mejores prácticas que deberíamos implementar.

Sin embargo, llegar a esa meta requiere de hitos como: alcanzar progresivamente la universalización de la educación, desde la atención a la primera infancia hasta el nivel superior, garantizar el acceso a la nutrición y la salud, y darle protección a la tercera edad, entre otros.

Igualmente, es obligatoria la sostenibilidad, por lo que los temas de calidad ambiental son intrínsecos a la viabilidad de mediano y largo plazo de una estrategia de desarrollo. Para ello, la contaminación, que tiene grandes impactos en la salud pública; la degradación del ecosistema, que provee el agua a un país, y la pérdida de la biodiversidad se convierten en elementos críticos a resolver. Asimismo, los asuntos de control social forman parte necesaria para evitar brotes desbocados de corrupción que llevan a cuestionar la legitimidad de las reglas del juego.

Ahora bien, la Ocde afirma que una condición fundamental es mantener el equilibrio macroeconómico, el cual comprende la buena salud de las finanzas públicas y del sector financiero, y la ausencia de grandes desequilibrios en la balanza de pagos, todo lo cual conlleva la independencia de los bancos centrales. Sin esto, la inestabilidad de precios, cambiaria y de tasas de interés haría imposible buenos niveles de inversión y de generación de ingresos y empleo formal.

En cuanto a los aspectos microeconómicos, estos son de variado origen. Lo primero es priorizar la inversión pública. Colombia tiene el lamentable registro de no mejorar la distribución del ingreso (índice de Gini) cuando se compara antes y después de la ejecución del gasto estatal. Entonces, los beneficiarios de este no son prioritariamente los pobres. Aquello se relaciona con la partida para pensiones, que se lleva una gran tajada del presupuesto. Además de una bajísima cobertura, son los estratos medios y altos los que se benefician de unas mesadas a las que poco contribuyeron durante su vida laboral. También debe mencionarse el subsidio a los combustibles fósiles, que favorece a los dueños de vehículos particular y muy poco a los usuarios del transporte público.

La estructura tributaria es otra fuente de exclusión. El grueso lo pagan las empresas formales (80 por ciento), muy poco los individuos y nada la informalidad. Por ello, el atraso en la formación y actualización del catastro, las exclusiones del IVA, el altísimo nivel de ingreso para declarar renta, el elevado grado de informalidad empresarial –en parte promovida por la excesiva tramitomanía–, parafiscales, baja flexibilidad laboral y privilegios tributarios se deben ir reduciendo. Tampoco hay que gravar en exceso al sector empresarial y a los empleados formales.

La Ocde señala que un gran desafío de la economía colombiana es superar los bajos niveles de productividad observados. Asuntos como alcanzar un adecuado entorno de negocios, mayor pertinencia de la educación superior para la formación del capital humano requerido, la eliminación del IVA para los bienes de capital y las distorsiones en la política arancelaria, son claves para contribuir a la sostenibilidad del crecimiento y la inclusión.

Decisiones del Gobierno Nacional con relación al salario mínimo que no tomen en cuenta el comportamiento de la productividad serían contraproducentes. En la mira también deben estar los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU. El camino por recorrer es largo, y muchas de las reformas no serán fáciles de adoptar e implementar, pues implican un cambio en el statu quo. Un ejemplo de estas dificultades es la actual discusión de la ley de financiamiento.

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