Ricardo Ávila
Editorial

En busca de una salida

El diseño de la hoja de ruta que mejoraría el suministro de electricidad en la Costa Atlántica haría necesaria la filosofía del todos ponen.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
septiembre 17 de 2018
2018-09-17 08:57 p.m.
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La protesta más reciente tuvo lugar en Córdoba. Un daño en una línea de conducción, que dio lugar a un apagón en varios municipios de la zona, desembocó en bloqueos viales que afectaron a poblaciones como Cotorra, San Carlos y San Pelayo, la semana pasada. Y en Ciénaga de Oro, una multitud destrozó las instalaciones de Electricaribe, sin que las autoridades lograran evitarlo.

El episodio no fue el primero y todo sugiere que no será el último. Como ha sido la norma a lo largo de los últimos años en la parte norte del país, los cortes de energía continúan, mientras los usuarios se declaran exasperados por la calidad del servicio. La discusión sobre lo que se debe hacer con la empresa intervenida a finales del 2016 no paran, como lo comprobó un reciente debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Ahora las esperanzas están puestas en una hoja de ruta que fue radicada ayer ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), por parte del agente especial a cargo de la compañía. El documento en cuestión es clave en la estrategia que permitiría construir una solución sostenible en el largo plazo, pues no solo habla de inversiones calculadas en más de siete billones de pesos, sino en la manera de recuperarlas a través de un escenario tarifario apropiado.

Que hay que meter plata, y mucha, es una verdad de a puño. Buena parte de los fondos iría con destino a la red de distribución, cuyos problemas de falta de mantenimiento y obsolescencia son conocidos. Aparte de aumentar la confiabilidad del sistema, se debe ampliarlo mediante subestaciones adicionales.

A lo anterior hay que agregar una mayor capacidad de respuesta ante contingencias. Por ejemplo, la salinidad del aire en las zonas cercanas al mar exige un mayor control de cables y transformadores, algo que se puede subsanar a través de herramientas tecnológicas que mejoran el monitoreo y la presencia de equipos encargados de hacer reparaciones rápido.

Instrumentos más modernos servirán para atacar un problema endémico: el fraude. Y es que no solo se trata de conexiones irregulares en los barrios subnormales, sino de evitar la alteración de contadores, junto a otras prácticas que elevan las pérdidas negras.

Las experiencias de países que lograron ponerle un tatequieto a los avivatos serían incorporadas, junto a programas de regularización. El objetivo es crear una especie de círculo virtuoso que se basa en demostrarle al usuario promedio que habrá un suministro más confiable, mientras se castigan las trampas.

Todo lo anterior va en la dirección correcta, pero no quiere decir que el éxito esté asegurado. Para comenzar, viene el debate con respecto a quién asumirá el costo de las obras. Aunque sobre el papel es fácil señalar que serán los usuarios, ese camino tendría repercusiones políticas. Por otra parte, tampoco es fácil realizar transferencias implícitas, como la del proyecto de ley que plantea que lo que pagan todos los colombianos a través del cargo por confiabilidad se ceda parcialmente en beneficio de la Costa Atlántica.

Debido a ello, los conocedores del tema sostienen que la única solución posible es una que se encuadre dentro de la filosofía del todos ponen. Llegar a entendimientos con respecto a un lío que despierta tantas pasiones, será complejo.

Como si lo anterior no fuera suficiente, está la contingencia con respecto a la intervención. La demanda de Gas Natural contra el Estado colombiano sigue su curso y el sector financiero aspira a que se le cancelen acreencias que superan los 1,5 billones de pesos.

Y queda el tema de un operador que se encargue de todo. En principio hay interesados, pero la incertidumbre jurídica y el tamaño de los desafíos son un obstáculo que se debe sortear, si se aspira llegar a una solución definitiva.

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