El tiempo corre y la hora de las decisiones se acerca. Así podría resumirse el dilema que enfrenta el Superintendente Nacional de Salud (SNS), quien debería pronunciarse pronto sobre la solicitud expresa que le hizo el Procurador General de la Nación, el cual, tras un informe de la Contraloría, solicitó a mediados del mes la intervención de la EPS Medimás, que en agosto del 2017 adquirió las operaciones de Cafesalud.
Con 4,3 millones de usuarios, la entidad ya no es la más grande del país en su área, puesto que hoy ese lugar le corresponde a la Nueva EPS. Sin embargo, su peso específico en el segmento es enorme no solo por el volumen de recursos que maneja, sino por el número de procedimientos diarios que administra.
Debido a ello, diferentes voceros le han pedido a la administración Santos reaccionar con cabeza fría. El exministro Jaime Arias, presidente de Acemi, afirmó en en El Tiempo que proceder a la intervención “sería un error terrible”, una opinión que en privado comparten tanto ejecutivos como conocedores del sector.
Quienes saben del asunto recuerdan que la SNS tiene un esquema de vigilancia especial que le permite seguir de cerca las actuaciones de Medimás y examinar la evolución de los servicios que presta. De hecho, la compañía ha recibido jalones de orejas de las autoridades, que se expresaron en multas y sanciones.
Aun así, el diagnóstico con respecto a la EPS es que el enfermo está bajo observación, pero sus signos vitales son algo mejores que hace diez meses. Las estadísticas muestran que el número de peticiones, quejas y reclamos ha disminuido en 40 por ciento en ese lapso, mientras que las tutelas por afiliado están por debajo del promedio del sistema. Incluso en los casos de atención de enfermedades graves como el cáncer, la apreciación es que la calidad de las redes supera lo visto en otras EPS.
Por otra parte, está abierto el debate sobre si el reporte de la Contraloría contiene hallazgos fiscales o no. Hay señalamientos con respecto a la legalización de anticipos y el respaldo documental de varios contratos, pero no evidencias de corrupción. También existe una controversia jurídica sobre los límites de la integración vertical y el cumplimiento del pacto de venta.
Y aunque la polémica es válida, el punto central es si la intervención es la figura que sirve para solucionar los problemas o si el remedio es peor que la enfermedad. A este respecto, vale la pena darle una leída a un concepto emitido por la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado el pasado diciembre, frente a una solicitud hecha por el Ministerio de Salud.
De acuerdo con el pronunciamiento del tribunal, “cualquier incumplimiento de las obligaciones que la ley les impone a los actores del sistema de salud, de acuerdo con su rol y competencias, no genera automáticamente una causal válida para (una) toma de posesión”. Aparte de recordar que la SNS requiere hacer un buen análisis de los hechos, se subraya que es obligatorio tener en cuenta la proporcionalidad de la medida. No menos importante es la advertencia de que se debe preservar la efectiva prestación de este servicio público “garantizando la confianza” en el sistema.
Así las cosas, el Superintendente está obligado a meditar el paso que dará, a sabiendas de que eso le puede costar una sanción por parte de la Procuraduría, tal como ocurrió con su predecesor. Por su parte, el ente de control necesita pensar con cabeza fría y comprender que lo que menos le sirve al país es una nacionalización de la salud por la puerta de atrás.
Al contrario, lo que procede es tomar determinaciones para que la operación del servicio sea sostenible y esté a cargo de empresas sólidas, algo que solo sucederá cuando el sector sea sometido a una cirugía de fondo. Lo demás son paliativos que suben el riego de agravar la crisis.