En medio de la tormenta que afecta a las economías emergentes por cuenta del deterioro de la situación en Argentina, no hay duda de que el reporte emitido ayer por el FMI con respecto a Colombia, llega en un muy buen momento. Para comenzar, el tono optimista del comunicado expedido por la entidad multilateral, contrasta con la incertidumbre que se siente a nivel mundial y regional.
Y es que la afirmación de que el país “está ganando impulso” no es de orden menor. La apuesta del FMI es que el Producto Interno Bruto registrará una expansión del 3,6 por ciento anual este año, lo cual representaría una mejoría sustancial frente al 1,4 del 2017 y el 2,7 por ciento del 2018. Adicionalmente, la inflación se encuentra bajo control –muy cerca del punto medio del rango establecido como meta por el Banco de la República– y el déficit externo, aunque elevado, se ha podido financiar ‘con holgura’ gracias a los flujos de inversión extranjera directa y de portafolio.
El parte del Fondo es todavía más notable a la luz de las presiones creadas por la ola migratoria proveniente de Venezuela. Con base en datos de Migración Colombia, se estima que hay 1,5 millones de personas provenientes del vecino país residiendo en el territorio nacional, lo cual demanda mayores recursos en áreas como salud, educación y ayudas para los recién llegados, que hacen más difícil mantener las cuentas públicas en orden.
No obstante, las autoridades colombianas reciben un aplauso debido al cumplimiento de la regla fiscal, así esta haya tenido una flexibilización reciente. Quienes leen entre líneas no pasarán por alto el mensaje de que son necesarias reformas estructurales adicionales para salvaguardar el gasto social y la inversión pública. El motivo de dicha afirmación está claro en los documentos preparados para la misión técnica que estuvo en Bogotá hace un par de meses. Más allá de que la Ley de Financiamiento sea objeto de elogios por aumentar la competitividad tributaria y crear un clima más propicio para el emprendimiento, hay dudas sobre lo que pueda pasar en el futuro cercano.
En sus pronósticos, el FMI deja entrever que en el 2020 Colombia no cumpliría con la regla fiscal, entre otras porque el efecto neto del articulado aprobado por el Congreso en diciembre sería negativo. Esa perspectiva de que los ingresos públicos caerán en lugar de aumentar, es la que más inquieta a los observadores, porque la única salida para que el déficit no se dispare sería hacer un recorte significativo del gasto.
La otra posibilidad es que la inversión privada experimente un salto importante, que es la esperanza del Gobierno. Esa expectativa aún no se convierte en realidad, según se desprende del comportamiento de la cartera comercial o de las encuestas que elaboran la Andi o Fedesarrollo.
Una alternativa más es que la Dian tenga un éxito inusitado en el combate a la evasión, un propósito encomiable, pero que será difícil de concretar, a pesar de que el Director de la entidad haga compromisos ambiciosos. El atraso de los sistemas de información y tecnología, junto con la necesidad de enganchar y capacitar al personal encargado de fiscalizar y perseguir a quienes no cumplen sus obligaciones con el fisco, es algo que no se logra de la noche a la mañana.
Evitar descalabros en ese frente es la tarea inmediata más importante, pero no es la única. El directorio del Fondo se encargó de recodarnos que hay que mejorar “el entorno empresarial, reducir las barreras comerciales, abordar los desfases en materia de competencias profesionales, cerrar las brechas de infraestructura, fortalecer la gobernanza y el Estado de Derecho, y reducir la corrupción”. A todo lo anterior se suma la reforma pensional, que sigue pendiente.
Debido a ello, hay que recibir con moderación las alabanzas del Fondo Monetario. Más allá de las palmadas en la espalda, el mensaje es que la lista de pendientes es larga. Y que será necesario esforzarse para avanzar en su cumplimiento.