El propósito de hacer más con menos tiende a ser una meta esquiva para los seres humanos y para los países también. Esa es una de las conclusiones que saltan a la vista después de leer el más reciente reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, centrado en la ineficiencia del gasto público en la región. De acuerdo con la entidad multilateral, el desperdicio de recursos equivale al 4,4 por ciento del Producto Interno Bruto del área, lo cual corresponde a unos 220.000 millones de dólares anuales.
En lo que atañe a Colombia, la visión es todavía más crítica. Para el organismo, con sede en Washington, la suma que se malgasta en el país asciende a casi 50 billones de pesos al año, una cifra que supera con creces el faltante identificado en el proyecto de presupuesto nacional del 2019, calculado en 14 billones de pesos.
Lo anterior, vale la pena aclararlo, no quiere decir que semejante monto se pierda en corrupción. Más allá de las prácticas criminales de algunos, lo que es evidente es que la plata se usa mal, sin que necesariamente dé lugar a grandes avances sociales. Por ejemplo, mientras en las naciones avanzadas la combinación de impuestos y programas gubernamentales de redistribución llevan a que la desigualdad disminuya 38 por ciento, en América Latina esa reducción es apenas del 5 por ciento.
A pesar de los llamados a la austeridad, las estadísticas comprueban que en lo que va de este siglo el tamaño del Estado viene en aumento. Hay casos notorios en esta parte del mundo como los de Brasil o Argentina, que en su momento usaron la época de ‘vacas gordas’ para ampliar el radio de acción del Gobierno, algo que pasó por una expansión de la nómina oficial. Colombia está más atrás, pero también va por la misma senda. Incluso en el presupuesto del próximo año, la suma de las partidas de funcionamiento e inversión equivaldría al 19,5 por ciento del PIB, casi un punto más que en el 2018.
Si bien hay argumentos para sustentar por qué el tamaño de la chequera estatal debería ser más grande, el punto central es el del desperdicio. El trabajo del BID se centra en áreas concretas de la administración pública en las cuales existen problemas evidentes. Así pasa con los sistemas pensionales, que, en el caso colombiano, se llevan la mayor tajada de los subsidios, pero que favorecen claramente al 40 por ciento de la población que está en la parte de arriba de la pirámide de ingresos.
La lista sigue. En lo que corresponde al desarrollo de la infraestructura, las obras mal planeadas y mal ejecutadas son la norma y no la excepción. Debido a ello llegan los sobrecostos y las frustraciones, acompañadas de enormes pérdidas en productividad. Tampoco están bien organizadas las compras públicas, fuente de venalidad y de desperdicio de fondos. El ensayo de Colombia Compra Eficiente nació con mucho impulso, pero da la impresión de haberse desdibujado de un tiempo para acá.
También se derrochan recursos en salud y educación, de manera cuantiosa. En la primera, poco se aplican los principios de la medicina preventiva, mientras que en la segunda hacen falta mejores programas de capacitación de los maestros y sistemas de evaluación que conduzcan a una mayor calidad de la enseñanza. Un fracaso notorio es el combate a la criminalidad, a pesar del aumento en el número de efectivos policiales y cupos carcelarios.
Semejante diagnóstico merecería hacerse de manera descarnada en Colombia. En contra de la creencia popular, es posible que la llamada ‘chambonería’ en el manejo de lo público cueste más que la propia corrupción. Por eso hay que insistir en la eficiencia del gasto estatal, adoptando experiencias como las de Chile o Perú, que hacen las cosas mucho mejor. Solo así, la plata que se paga en impuestos, comenzará a rendir como es debido.
