Ha transcurrido casi un mes desde cuando los pilotos de Avianca agremiados en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles declararon una huelga descrita como la más larga registrada en la historia global del sector. Las pérdidas dejadas por el paro son imposibles de cuantificar, pues aparte de los más de 7.500 vuelos cancelados y los 360.000 pasajeros afectados, están las reservas hoteleras incumplidas, los viajes de taxi que nunca se llevaron a cabo o los negocios que no pudieron cerrarse ante la dificultad de llegar a una cita.
Más complejo todavía es medir la frustración de los usuarios, obligados a pasar largas horas en el aeropuerto o ajustarse a horarios menos flexibles. Si tradicionalmente las horas previas a un viaje eran motivo de entusiasmo y alegría, ahora son causa de ansiedad ante la posibilidad de que cualquier trayecto se convierta en un verdadero calvario.
Lo anterior no quiere decir que el país se haya paralizado. Otras compañías han llenado parte del vacío, mientras que Avianca echó mano de todos los recursos a su alcance, los cuales van desde la utilización de aeronaves más grandes para suplir las menores frecuencias hasta el uso de proveedores extranjeros con el fin de prestar el servicio en rutas transatlánticas o dentro del continente americano.
Por cuenta de esa situación, la oferta de sillas es mayor ahora que al comienzo de las interrupciones. La compañía calcula que la disponibilidad de puestos asciende al 73 por ciento de la existente en condiciones normales y que dicha proporción seguirá aumentando de manera gradual hasta acercarse al 85 por ciento para la temporada de diciembre. En esa evolución ha sido clave contar con cerca de 700 pilotos no sindicalizados, a los que se suman 100 afiliados de Acdac que regresaron a sus labores, además de los que están en proceso de contratación, nacionales o foráneos.
No obstante, lo ideal sería encontrar una salida rápida. En tal sentido, es clave el rechazo ayer de la tutela presentada por el sindicato, que buscaba suspender la entrada en marcha del Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio del Trabajo un par de semanas atrás. La ilegalidad del movimiento, determinada por el Tribunal Superior de Bogotá en su momento, le dio pie al de Cundinamarca para no conceder el derecho de amparo.
Por tal motivo, es crucial que los dos árbitros escogidos elijan a un tercero, con el fin de comenzar sus labores a la mayor brevedad posible. Tal como lo prevé el Código Sustantivo del Trabajo, las deliberaciones obligan a que se suspenda el paro mientras llega el momento de una definición. Ignorar las normas colocaría a quienes persistan en el cese de actividades en una situación de desacato que facultaría a Avianca, incluso a cancelar unilateralmente decenas de contratos.
Para dar muestras de buena voluntad, la compañía podría ampliar el plazo del ultimátum que venció el lunes en la noche hasta finales de esta semana. Si la lógica opera, y ante el agotamiento de las opciones legales, más de un huelguista debería aceptar la rama de olivo que se le ofrezca, lo cual redundaría en beneficio de todos, comenzando con los usuarios del transporte aéreo.
En tal sentido, es clave que el Gobierno tome un papel más activo para que los mecanismos previstos por la ley avancen. La preocupación de varios ministerios que empiezan a notar cómo la economía puede resentirse, dando al traste con las esperanzas de una leve recuperación en la parte final del año, viene en franco aumento.
En conclusión, la mejor salida es la del Tribunal de Arbitramento. Es verdad que hay planes de contingencia en marcha, pero ninguno resulta tan expedito como el de una opción que permitiría cortar por lo sano este nudo gordiano, el mismo que las posiciones extremas de Acdac hacen tan difícil de desatar.