Ricardo Ávila
Editorial

Lo que va y lo que falta

Las cifras más recientes comprueban que Colombia ha dado un salto trascendental en inclusión financiera, pero queda camino por recorrer.

Ricardo Ávila
Exdirector de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
junio 11 de 2019
2019-06-11 09:25 p.m.
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Un interesante estudio que debería merecer una mirada por quienes se precian de tomarle el pulso al país, fue el presentado ayer en Bogotá por la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera. Se trata de la octava edición del Reporte Anual de Inclusión Financiera, que mide el uso de mecanismos formales de ahorro o crédito por parte de los colombianos.

Los datos usados para la construcción de los indicadores parten de las cédulas de ciudadanía de los usuarios, con lo cual aquí no se puede hablar de proyecciones o extrapolaciones, sino de número de seres. Según el informe, hay 28 millones de individuos mayores de edad en el territorio nacional que usan algún producto del sector bancario o de las entidades habilitadas para recibir dinero y entregar préstamos.

Bajo los parámetros del censo del 2005, se llega a la conclusión de que el 81,4 por ciento de los adultos está vinculado a una entidad financiera de una u otra forma. No obstante, en caso de que se habilite la medición del 2018, que mostró una cantidad sustancialmente menor de personas viviendo en Colombia, ese indicador subiría de manera importante.

Esa, quizás, es una de las razones por las cuales los progresos recientes en términos de penetración son modestos, tras un impresionante salto inicial. Y es que en lo que va de la presente década, la cantidad de clientes del sector de ahorro y crédito ha subido en 12 millones, que no es un guarismo menor.

Las estadísticas puntuales revelan que hay 28 millones de colombianos que usan al menos una cuenta para guardar su plata, mientras que 13,9 millones tienen un préstamo. Contra lo que podría creerse, el mecanismo más usado a la hora de endeudarse es la tarjeta de crédito, con 8,9 millones de usuarios.

Puesto de otra manera, el dinero plástico se consolida como la mejor opción a la hora de pagar un bien o un servicio en mensualidades. En lo que atañe al crédito de consumo, la cifra es de 6,8 millones de personas.

Aunque esas revelaciones son importantes, tal vez lo más llamativo es saber que las operaciones en internet superaron por primera vez en la historia aquellas de las oficinas físicas. Sin duda, la revolución tecnológica se extiende al sector financiero, algo que se nota en que las transacciones a través de la telefonía móvil mostraron un incremento del 61 por ciento en un año, mientras que en el caso del valor transferido el salto llegó al 71 por ciento.

Contar con nuevas opciones que nacen de la simple posesión de un celular, debería servir para que la inclusión financiera siga aumentando. Al mirar las cifras departamentales, salta a la vista que hay una brecha notoria entre las ciudades grandes y las áreas rurales, que asciende a cerca de 26 puntos porcentuales.

Disminuir esa distancia es clave, porque múltiples trabajos académicos demuestran que hay una correlación entre el acceso al sector financiero formal y la pobreza. Más allá del nivel de ingresos, un individuo que no cuente con formas de ahorrar o de conseguir prestado para suplir sus necesidades, estará siempre en condición de inferioridad frente a uno que pueda hacerlo.

El asunto se vuelve crítico cuando se incluye el flagelo del llamado ‘gota a gota’ que identifica el mercado extrabancario, usualmente controlado por organizaciones mafiosas que pueden llegar a cobrar tasas de interés equivalente al 50 por ciento diariamente. Con razón, el propio Iván Duque insistió ayer en la entrega del documento que hay que hacer un esfuerzo adicional para no excluir de la formalidad a aquellos ciudadanos que hoy tienen cerradas las puertas por valores en mora de muy baja cuantía.

Un avance en ese campo serviría de paso para cerrarles la puerta a los populistas que desde el Congreso impulsan leyes que harían más daño que bien. Evitar que lleguen normas que reducirían la inclusión financiero, es una obligación del Ejecutivo y del Legislativo.

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